Moncloa evita la autocrítica y activa su plan b para renovar el CGPJ

La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la votación del Senado sobre la reforma del Código Penal para modificar la fórmula de elección de los miembros del CGPJ, ha provocado un terremoto político que deriva ya en un choque institucional y que aboca a una fractura inviable de reconducir en términos políticos, entre el Ejecutivo y la oposición. Ambas partes se echan la culpa de la situación inédita a la que se enfrenta el Estado.

Sin un ápice de autocrítica y dirigiéndola al principal partido de la oposición se mostró Moncloa, que no ve errores en su gestión por las formas empleadas para modificar la ley del TC y del Poder Judicial –por medio de una proposición de ley de los grupos parlamentarios– a pesar de que el Alto Tribunal la haya paralizado. Para Moncloa, es el PP el culpable de la crisis institucional. «El error es bloquear el CGPJ, es lo que lleva a nuestro país a esta situación», dicen en el Ejecutivo. Esa es la estrategia que sigue Moncloa, busca desgastar a los populares, a los que acusa de negarse a renovar el CGPJ. En el Ejecutivo ven el momento de rentabilizar la situación inédita que vive el país al haber suspendido el TC a los representantes públicos sus funciones legislativas y para ello empleó durante toda la jornada a todos los ministros, que en diferentes entrevistas y desde el Consejo de Ministros acusaron al PP de generar una «patología democrática» y de tener «secuestrado» el órgano judicial», en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

En el Ejecutivo actuaron durante toda la jornada con secretismo sobre cómo renovar el TC. Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se comprometió a garantizar que se cumpliría la ley para renovar los órganos con mandato caducado, pero sin concretar como. Anunció «medidas conforme a la ley». El hermetismo fue una constante sobre la decisión a tomar tras el varapalo del TC. No se cerraba la puerta a ninguna vía ni en público ni en privado, pero tampoco se especifica ninguna. Así, el Ejecutivo se agarraba a un plan b que pasaba desde rebajar las mayorías parlamentarias para la elección de los vocales, como por presentar otra proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

La decisión final: proposición de ley

Finalmente, por la tarde, el Gobierno reconoció que su plan pasaba por otra proposición de ley a través de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados con la que incluir las dos enmiendas paralizadas por el Constitucional. Así tramitarían esa iniciativa de manera exprés –como la derogación de la sedición y la malversación– en trámite de urgencia y de lectura única. Se trata de un trámite que han usado habitualmente los gobiernos del PP y del PSOE, y al que Moncloa le da garantías. En el PSOE aseguran que esta es «la opción más lógica para retomar todas las enmiendas», explican fuentes socialistas. Fuentes parlamentarias aseguran que no descartan que se sumen más grupos parlamentarios a la proposición de ley, de hecho Bildu ya lo ha confirmado. Más País había presentado este martes por la noche una iniciativa en el mismo sentido y durante todo el día los socios del Ejecutivo habían reclamado iniciar un trámite a través de una ley específica para cambiar el TC, al entender que el uso de esta herramienta y no el de introducir enmiendas a una ley diferente, se lo pondría «más difícil» a la mayoría conservadora del órgano de garantías. En los próximos días se presentará la proposición de ley y la clave es determinar si llegará a aprobarse antes o después de las navidades.Podría llegar la semana que viene a pleno, forzando un nuevo pleno junto a la ley de Desarrollo Sostenible en la semana del 28 de diciembre, aunque tampoco se descarta el mes de enero. Durante todo el día, los socios han estado negociando sobre el formato de la iniciativa y el momento de presentar la misma. En el PSOE creían que había que presentar el texto de inmediato, mientras que en Podemos quieren esperar a que el TC publique su auto, para estudiarlo minuciosamente, como finalmente sucederá.

La opción de rebajar las mayorías necesarias para la elección de los vocales del Poder Judicial que corresponden al Congreso y Senado también era contemplada, pero se descartó después de que Bruselas volviera a advertir la necesidad de «consultas previas» para la renovación y de que esta opción fuera reprobada ya el año pasado. La otra vía posible, pero descartada al momento, era la de la de presentar el proyecto de ley, pero poco viable al tratarse de un procedimiento más largo con operación del Consejo de Ministros y posterior llegada al Congreso.

Sobre las condiciones de Alberto Núñez-Feijóo para volver a renovar el CGPJ, en Moncloa las rechazan. Le instan a renovar. «A partir de ahí hablamos», zanjó la ministra de Justicia. De momento, en Moncloallaman a la «serenidad y a la «firmeza». «Velamos por el interés general y el normal funcionamiento de las instituciones», señaló la portavoz, remitiéndose a Sánchez que acusó al Partido Popular de «buscar retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no validaron en las urnas».