Tensión en el Gobierno por las ayudas a la vivienda en el decreto anticrisis

La oposición al Gobierno dentro del propio Gobierno. El tercer paquete de medida anticrisis se tornaba la mejor oportunidad para que el Ejecutivo cerrase el año con un nuevo impulso a su agenda progresista. Un nuevo impulso al escudo social que se comenzó a desplegar durante la pandemia y que fue necesario ampliar tras desatarse la guerra en Ucrania, con consecuencias directas sobre los hogares y las empresas. Moncloa es consciente del impacto favorable de las medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros y, por ello, las hace coincidir con la tradicional comparecencia de balance de fin de año del presidente del Gobierno. El objetivo es que Pedro Sánchez ponga cara a los anuncios positivos y los rentabilice políticamente.

Sin embargo, como ya viene siendo habitual en el seno de la coalición, lo que a priori puede concebirse como una oportunidad política acaba deviniendo en crisis interna –ya ocurrió con los Presupuestos «más sociales de la historia» que fueron opacados por la polémica del aumento del gasto en Defensa–. Los avances en la agenda progresista se transforman en un foco de conflicto por la paternidad de las medidas. Desde hace días existe un pulso entre las dos –o tres– almas del Ejecutivo por imprimir su impronta al paquete de ayudas anticrisis. El nuevo decreto prorrogará algunas iniciativas que están en marcha desde finales del pasado marzo, cuando se aprobó el primero, y añadirá otras que entrarían en vigor a partir del 1 de enero.

La idea es rediseñar el catálogo de medidas, huyendo de un carácter generalista, de manera que sean quirúrgicas y vayan dirigidas a los más vulnerables. En concreto, en lo relativo a la bonificación de los carburantes, esta se restringirá a los colectivos profesionales que los computan como coste de producción y, por consiguiente, los repercuten en los precios finales de los productos. También se busca atajar el alza de los alimentos que, a pesar de que se ha conseguido embridar la inflación, siguen con unos precios disparados por encima del 15%. En Hacienda se decantan por una rebaja del IVA, que rechazan en Podemos, mientras que los morados apuestan por un cheque de 300 euros, del que los socialistas recelan por su escaso impacto para disminuir el IPC.

En la parte socialista guardan total discreción sobre el contenido concreto del decreto, para preservar el impacto de los anuncios, pero desde el ala morada aprietan para dotar de mayor «ambición» las medidas. En concreto, en las últimas horas las negociaciones se han desarrollado bajo un clima de tensión, porque desde Podemos quieren ampliar la protección al ámbito de la vivienda, congelando los alquileres y las hipotecas. Unas tesis que no prevén en el PSOE, por lo que el socio minoritario presiona en público para intentar decantar la balanza de los acuerdos que no logran cerrar en privado. La ofensiva de los morados se recrudeció con una lluvia de mensajes a los medios y en redes sociales, en paralelo a una negociación que, reconocían, «no estaba siendo fácil».

En Podemos quieren «que, al menos este año, por la incertidumbre que hay, se congelen los alquileres para evitar subidas drásticas». El Gobierno ya acordó topar al 2% la revalorización de los precios de los alquileres que se suele hacer anualmente en base al IPC y negoció con los bancos –hasta ahora se han adherido una docena de entidades– la ampliación del código de buenas prácticas para dar facilidades en el pago de las hipotecas variables, desbordadas por la subida de los tipos de interés. Sin embargo, los morados quieren ir más allá y recuperar la esencia del escudo social desplegado durante la pandemia, cuando se permitió que, a quienes se les acaba el contrato, tuvieran derecho a prorrogarlo en las mismas condiciones un año más. En cuanto a las hipotecas, Podemos quiere que se tome como referencia el euríbor de 30 de junio y que durante los doce meses siguientes las cuotas se calculen en base a ese indicador.

En esta línea se pronunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegurando que «es imprescindible dar garantías a las personas trabajadoras en estos momentos inciertos: prohibir el despido o garantizar el contrato de relevo, pero también proteger frente a las subidas del precio de la vivienda o de los alimentos». «Lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y de la hipoteca y por tanto hay que regular estas cuestiones», apuntó la número tres de Podemos, Lilith Verstrynge, para señalar inmediatamente que era «imprescindible» cerrar el acuerdo en las próximas horas y que no debería haber ningún problema, ya que estas medidas se han demostrado «eficaces» en otras ocasiones.

Ya la pasada semana, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 alertó sobre la «falta de avances» de la negociación, ante el horizonte de días festivos que se avecinaba en el entorno de la Nochebuena. En la noche del domingo, Belarra volvía a la carga asegurando que «la mejor noticia de esta Navidad para mucha gente» sería que el Gobierno «congele los alquileres» y las hipotecas a tipo variable y subrayó la necesidad de que el PSOE «entienda que este es el principal gasto de la mayoría de familias».

Perfilar medidas

En Moncloa son conscientes de que deberán, en cierto modo, compensar el coste político que tendrá eliminar para los particulares la bonificación de los carburantes. Una medida que se implementó, ante las dificultades que planteaba, de manera generalizada como respuesta al elevado precio de los combustibles y no como una medida efectiva para reducir la inflación. Además de las nuevas medidas que se aprueben y las que se perfilen, el Gobierno tendrá que determinar la vigencia de otras que seguirán en vigor como la gratuidad de billetes de trenes de Cercanías y Media Distancia, con consignación económica en los Presupuestos. Las reducciones actuales, sin embargo, no se prorrogarán a los transportes urbanos como los autobuses y el metro, cuya competencia reside en las administraciones locales y autonómicas. También se mantendrá la rebaja del IVA en la factura de la luz.