El Gobierno se abre ahora a retocar la ley del “solo sí es sí”

Moncloa se mueve entre la prudencia y el pragmatismo. No puede verbalizar en público su preocupación ante la cascada de excarcelaciones y reducciones de pena a causa de la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del «solo sí es sí», pero tampoco puede ocultarla y mucho menos negarla. El Ejecutivo se muestra sigiloso en este asunto, consciente de que cualquier paso puede volver a provocar la reacción airada de Podemos, como cuando nada más conocerse las primeras peticiones de revisiones, empezaron a cargar contra los jueces, a los que acusaron de «machistas». Pero tampoco pueden permanecer pasivos ante las situaciones indeseables que se producen a causa de la aplicación de la ley, que, sin quererlo, beneficia al reo frente a la víctima.

Casi un mes después de que el Ejecutivo aplicara una modificación simbólica en la ley a través de una disposición transitoria en la explicación de motivos de la reforma del Código Penal, el Gobierno ya asimila que posiblemente la norma deba modificarse de nuevo, a pesar del rechazo del Ministerio de Igualdad. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya se había abierto a esta posibilidad en el mes de diciembre, deslizando «ajustes técnicos» en la ley. Finalmente, esas correcciones no se produjeron para intentar evitar otro fuego en la coalición, y se limitaron a la enmienda transitoria para reducir los efectos en la ley, que, sin embargo, no ha surtido el efecto deseado.

El Gobierno se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo dicte doctrina, a pesar de que en diciembre ya confirmó a través de la sentencia del «caso Arandina» que deben aplicarse las penas más favorables para los reos, y que la ley del «solo sí es sí» da esa oportunidad. Así lo confirmó ayer la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Radio Nacional, donde se mostró dispuesta a «valorar otras opciones» una vez cuenten con el fallo del Tribunal Supremo. «Estamos pendientes de esa interpretación que están haciendo los jueces», aseguró sin concretar más movimientos, recordando que en el Congreso se introdujo la enmienda con el objetivo de frenar las revisiones de penas a delincuentes sexuales. «Ya en el Parlamento se ha introducido una enmienda en esa dirección y el Gobierno está muy pendiente de la aplicación de la norma y del trabajo de los tribunales, especialmente del Supremo, para poder valorar cualquier otra acción», dijo. Así, será una vez que el Supremo determine cuando el Gobierno tome la decisión de corregir la ley si en lo sucesivo los condenados por delitos sexuales siguen viendo sus condenas reducidas.

Una corrección de la norma que, de producirse, volvería a enfrentar al PSOE con Unidas Podemos y especialmente con Igualdad, que no reconoce fallas en la ley y que apunta a la interpretación voluntarista de los jueces. En Moncloa, el objetivo era convencer a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que estudiara los ajustes pertinentes en la ley del «solo sí es sí», pero la respuesta ha sido tajante y ni los intentos de la ministra de Justicia, Pilar Llop, han dado sus frutos, de momento.

Con este giro ahora por parte de Moncloa, se confirma lo que ya vaticinaban en privado en estos meses tanto cargos en el Gobierno como en el Congreso, la necesidad de corregir la ley y la mínima confianza que tenían en que la disposición transitoria lograse remendar los errores de calado en la ley a causa de la desaparición del delito de abuso, sustituido por el de violación como concepto general para todo. El propio portavoz del PSOE, Patxi López, ya aclaró el mes pasado que se trataba solo de un «toque de atención» a los tribunales para recordarles que el Código Penal «permite mantener las condenas» previas a la ley del «solo sí es sí».

Desde la entrada en vigor de la ley la polémica norma en el mes de octubre ya se han beneficiado 134 agresores con rebajas de penas y excarcelado a 17. A pesar de estos datos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió esta semana que la norma necesita de un periodo de tránsito y orilló el asunto de la corrección de la misma. Según aseguró, los efectos que se han dado hasta ahora son «los habituales» ante una situación de «cambio profundo». Para Montero, «todas las leyes que suponen un cambio profundo, sobre todo las feministas, en el Código Penal tienen un periodo de tránsito». «Desgraciadamente, eso lleva a que haya víctimas que sufren, que son revictimizadas, ojalá eso no ocurriese» continuó argumentando en unas declaraciones a la Cadena Ser.

Aun así, intentando mantener la unidad, en el Gobierno no se permite hablar de errores en la ley, mientras que en la oposición y hasta en el bloque de los socios, así lo confirman. Ello sería reconocer que una norma que emana del Consejo de Ministros, no solo de Igualdad, ha conseguido el «ok» de todo el Ejecutivo con fallos.

Aunque, eso sí, en la parte socialista gusta recordar que fueron «las prisas de Podemos» las que hicieron que la norma saliese del Consejo de Ministros antes de tiempo. Esto es, en 2021, coincidiendo con el 8-M y el Día de la Mujer. En Igualdad, mientras, se sacuden las culpas incidiendo que la parte penológica de la norma fue revisada por Justicia, por el entonces ministro Juan Carlos Campo.

«El Gobierno insiste en cuál es la dirección de una ley cuyo objetivo es estratégico para proteger a las víctimas», confirmó la portavoz, que sí destacó alguno de los avances que se han conseguido con la llegada de la ley de Igualdad, como el hecho de que las mujeres no tengan que demostrar ser víctimas de violación. Así, destacó «el esfuerzo para proteger a las víctimas de agresión sexual que antes tenían que demostrar esa agresión y ahora pueden obtener ayudas y acompañamiento».

«Conviene que seamos muy firmes y contundentes en estas cuestiones. La violencia de género está ahí, está matando a mujeres, todos debemos ser contundentes y el Gobierno trabaja para potenciar, con todos los instrumentos del Estado desde la protección policial a la intervención de los jueces, la protección de las mujeres», defendió la portavoz.