Policías y guardias civiles, en guerra por la reforma de la «Ley mordaza»

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para asumir los cambios de los socios de Gobierno sigue adelante entre el descontento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no escatiman críticas desde las principales asociaciones que representan sus intereses.

Por parte de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Agustín Leal destacó que están a la expectativa de la activación de las enmiendas de seguridad ciudadana por todo lo que conlleva de “perjudicial para el bien jurídico protegido que ha de ser la seguridad de todos los españoles”. Consideran que “es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo” porque “nada tiene que ver con la seguridad sino más bien con cuotas de poder político y sillones, que Pedro Sánchez da en prebenda a los que dieron el golpe de Estado en 2017 y que intentan socavar el Estado de Derecho”. De llevarse a cabo estas enmiendas, indicó, “nos desarmarán legalmente ante los retos delincuenciales en disturbios y algaradas callejeras y JUCIL lo denunciará, con responsabilidad, la inacción de toda la administración que para nada se ha preocupado de la seguridad de los españoles”.

También desde JUPOL –que engloba a funcionarios de todas las escalas y categorías–, manifiestan su “más profundo malestar” por la actitud autoritaria del Gobierno y de los miembros del grupo de trabajo en el que se están dirimiendo los pormenores de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata, apuntan desde el sindicato mayoritario, de “un grupo de trabajo en el que no se ha tenido en ningún momento en cuenta las opiniones de los expertos en materia de seguridad ciudadana”, es decir; de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para JUPOL es “inconcebible” que se pretenda modificar una Ley con la que se busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo el mantenimiento de la seguridad y el cumplimiento de la Ley. “Esta reforma no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”, apuntan.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) indican que no han recibido, por ahora, ninguna confirmación ni comunicación oficial sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, “pero nos causa perplejidad”. Recuerdan que ya se planteó la reforma de Ley que “ni es necesaria, ni la demanda la sociedad, ni tan siquiera mejora las condiciones de trabajo de la Policía, más bien al contrario”. Y es que, para el desarrollo de la reforma, destacan, “no se contó con asesoramiento policial y queda patente en el modo en que se podría perjudicar la labor de miles de compañeros”.

Dicho texto “incluía despropósitos tales como la toma de imágenes de los policías trabajando a discreción y entorpeciendo su actuación y creándoles inseguridad jurídica en su labor y facilitando con ello el trabajo de delincuentes y violentos para acosar y amenazar la vida de los policías y de sus familias, también la retirada de la presunción de veracidad a los atestados policiales y otra serie de cambios que más bien parecen encaminados a restar seguridad a la ciudadanía en lugar de mejorarla”. Recientemente se ha cumplido un año desde que la mayoría de sindicatos y asociaciones policiales crearon la plataforma “No a la España insegura”, desde la misma, recuerda el SUP, plantamos cara a la Administración con diferentes protestas y reivindicaciones que culminaron con una multitudinaria manifestación.

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) las enmiendas aprobadas «son un riesgo para la seguridad pública, donde se dificultará el trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también se pondrá en riesgo a los ciudadanos».

Tanto policías como guardias civiles no descartan salir a la calle.