La Audiencia Nacional solicita la revisión de un caso de corrupción tras la reforma de la malversación

La Fiscalía Anticorrupción advirtió de que el Gobierno no estaba calibrando bien qué afectación podía tener la rebaja del delito de malversación en algunos supuestos y vaticinó una cascada de revisiones. La reforma del Código Penal ya está dejando las primeras consecuencias, sin haber siquiera entrado en vigor (lo hará a partir del jueves). La Audiencia Nacional acaba de preguntar a la Fiscalía Anticorrupción si quieren modificar su escrito de acusación del “caso Acuamed” a la luz de la nueva tipificación penal. Además, fuentes jurídicas aseguran que los fiscales de “Kitchen” también están volviendo sobre las penas para ver si la rebaja del delito afecta a los acusados que se sentarán en el banquillo.

El juez de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, acordó el pasado 29 de diciembre prorrogar la causa que investiga si la empresa pública Acuamed fue el epicentro de un fraude millonario en la contratación de obras hidráulicas. Y lo hace en un escrito en el que pregunta a la Fiscalía si “la nueva reforma del artículo 432 del Código Penal podría suponer una revisión del escrito”. Según el auto -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- el magistrado cuestiona si los fiscales mantienen que las penas para los investigados deben ser superiores a los cinco años de cárcel.

Anticorrupción acusaba a los imputados por delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos y había solicitado la transformación de la causa sumario, un trámite que se hace para acordar penas más altas. El BOE publicó el pasado 23 de diciembre la aprobación del nuevo delito de malversación que, de alguna manera, bifurca los supuestos y recoge penas distintas en función si se ha desviado el dinero público para beneficio propio o si se ha hecho para otro fin. En este segundo caso con penas más bajas.

“Aunque la norma prevé un plazo de veinte días para su entrada en vigor, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación de sumario”, señala el juez Gadea.

En “Acuamed” la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado desde 2015 indagando en la empresa pública que dependía del Ministerio de Agricultura. La operación se saldó con 13 detenidos por facturas falsas y mordidas a empresas adjudicatarias. La Fiscalía Europea quiso, incluso, adentrarse en el caso para conocer si había intereses financieros de la Unión Europea comprometidos, pero finalmente concluyó que no era así y el caso se quedó a cargo de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ya está volviendo sobre otras causas para decidir si la reforma puede afectar a escritos de acusación que todavía no se hayan juzgado. Fuentes fiscales aseguran que, en principio, las condenas que se pedían en el caso “Kitchen” pueden encajar en el delito de malversación tal y como está ahora redactado: “la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consistiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas”, pero avisan de que tendrán que mirarlo con lupa y, sobre todo, esperar a ver cómo interpretan esta redacción los jueces. La trama “Kitchen” que consistió en utilizar los recursos del Ministerio del Interior en la etapa del presidente del PP Mariano Rajoy para destruir documentación que comprometía a la Caja B del partido y atesoraba Luis Bárcenas. Si se malversaron caudales en ese caso no fue para el enriquecimiento de ninguno de los políticos, sino para borrar las huellas de la corrupción y, por lo tanto, las penas podrían verse aligeradas.

Los fiscales que luchan contra la corrupción avanzan que el goteo de revisiones será a partir de las investigaciones que han empezado después del 2015 porque lo que ha hecho el Gobierno es volver a una situación similar del Código Penal de entonces. Para las fuentes consultadas lo que ha ocurrido es que se ha “suprimido” el concepto de administración desleal del patrimonio en el terreno público y eso, inevitablemente, beneficiará a los que en su momento fueran condenados por este precepto.