La intervención en la «fosa de Andreu Nin» no determinó la identidad de ningún resto

La fosa donde supuestamente pudo acabar Andreu Nin tras ser torturado y ejecutado por agentes de Stalin, descubierta en 2008 en el acuartelamiento «Primo de Rivera» de Alcalá de Henares, no ha ofrecido a día de hoy datos concluyentes. Y la búsqueda de información para despejar la sospecha –fundada en la cercanía del lugar a la última ubicación conocida del líder del POUM y la alta probabilidad de que las víctimas cayeran a manos del Frente Popular– es una ruleta que gira hace meses de una institución a otra, sin certezas de ningún tipo hasta ahora.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señaló en una resolución la importancia de esclarecer estos hechos después de que tanto el Ministerio de Memoria Democrática como el de Defensa manifestaran –a petición de un ciudadano particular– que desconocen el destino de los posibles restos de Nin y su identificación por ADN en la fosa complutense contaminada en época de José Luis Rodríguez Zapatero, la búsqueda y la aclaración de sus múltiples interrogantes pende ahora de la Justicia.

Fue el 31 de agosto de 2022 cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó la solicitud derivada por el Ministerio de Memoria Democrática y por este a Defensa, que a su vez se lo remitió al CGPJ, y de ahí al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que el pasado 6 de octubre lo trasladó al Decanato de Juzgados de Alcalá de Henares.

En este último paso el solicitante sí ha conseguido la Memoria Arqueológica en el acuartelamiento donde se halló la fosa fortuitamente durante unas obras. En su página 9, figura que el 18 de marzo de 2008 se personó en el lugar el jefe de Sección de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, pero fueron los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural del Estado Español los que finalmente se hicieron cargo de la investigación, al ser competencia estatal por tratarse de un recinto militar. El informe, fechado el 22 de diciembre de 2008, está suscrito por el especialista Ildefonso González.

En el documento, de 137 folios, llama la atención que no haya fotografías de los cadáveres, cuando lo habitual en otras actuaciones similares es que haya imágenes en ocasiones muy explícitas.

Asimismo, que se magnifique la información sobre la posibilidad de que nos encontremos ante víctimas del franquismo, cuando es casi seguro que estamos ante una represión contra simpatizantes de la España «nacional».

Igualmente destaca que hubo una primera intervención entre enero y febrero de 2008 en la que fueron retirados la práctica totalidad de los restos. Se hace notar que todo salió a la luz pública en marzo de 2008, esto es, después de que se recogieran los huesos de la zona. Posteriormente se encontraron «restos óseos de pequeño tamaño así como varios botones», hebillas de cinturón, zapatos femeninos «de alto coste», cuatro cucharas de alpaca y un solo proyectil de «arma corta».

No aparece nada de los resultados de pruebas de ADN y abundan los aspectos geológicos, paleográficos y arquitectónicos ajenos a la memoria histórica.

En las páginas 121 y 122 consta que fueron localizados 7 cuerpos esqueletizados; seis varones y una mujer, todos jóvenes, y ejecutados de un tiro en la cabeza, con dos grupos dispares de «asesinados» (o «ajusticiados», palabra desafortunada a juicio del solicitante), uno de encarcelados y otro de no encarcelados (personas pudientes), identificados según la vestimenta, para a continuación afirmar que «terminamos por concluir a fecha de hoy la inexistencia de documentación e información que pueda vislumbrar la identidad de los fallecidos», sin apuntar a pruebas de ADN.

Entre las hipótesis del origen de esta fosa se establece como primera opción que se trate de represaliados del Partido Comunista y agentes soviéticos en base a la convicción de que en la zona fue asesinado Andreu Nin y también sobre la forma de la muerte, mediante tiro en la cabeza y no por fusilamiento (más propio de la represión franquista).

Como elemento en contra de esta teoría, a juicio del informe, estaría el grupo acorde con la pertenencia a un presidio, pero omite en sus conclusiones que el otro correspondería a una clase económica alta, objetivo prioritario de los ejecutores del Frente Popular. Además, se añade en contra de esta opción que las víctimas de la checa comunista de San Felipe en Alcalá de Henares fueron enterrados en lugares diferentes a esta fosa, lo que no sería el caso de Nin, desollado vivo y asesinado en un chalé de las afueras de Alcalá en una zona próxima.

La segunda conjetura sería que se tratara de una fosa del «casadismo», del 12 al 28 de marzo de 1939, esto es, relacionada con el coronel Casado y su golpe contra el Gobierno del socialista Negrín. Esta conjetura tiene a su favor que en la zona hubo un campo de concentración «casadista» con 15.000 prisioneros comunistas.

En último término se hace mención a que fuera una fosa del franquismo, del 29 de marzo al 31 de diciembre de 1939, pues allí hubo un campo de internamiento temporal de prisioneros frentepopulistas, pero esta suposición tiene en contra la presencia de la mujer, cuando el personal retenido era exclusivamente masculino, y que las muertes fueran provocadas por un disparo único en la cabeza, aparte el hecho de que la represión del franquismo desde el 29 de marzo de 1939 estuvo «protocolizada en infinidad de documentos».

En cualquier caso, permanece el interrogante sobre si hay rastro o no de Andreu Nin, en base a unas pruebas de ADN. La siguiente parada es el Instituto Anatómico Forense, donde todo parece indicar fueron llevados los restos.