La presidencia del TC pone a prueba a la nueva mayoría progresista

Tras la toma de posesión ayer de sus cuatro nuevos magistrados, el Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista tendrá el próximo miércoles su primera prueba de fuego: la elección del presidente de la institución. Una designación –para la que se requiere mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda– que testará la unidad del bloque progresista, que a partir de ahora, con siete magistrados frente a cuatro conservadores, goza de una holgada mayoría, a la espera de que el Senado elija al sustituto del conservador Alfredo Montoya, que renunció al cargo el pasado julio por motivos de salud.

En el Pleno de mañana (que se celebrará tras las reuniones que mantendrán hoy magistrados de uno y otro bloque) sobre la mesa habrá dos candidatos: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, y la también magistrada progresista María Luisa Balaguer, que no tiene intención de dar un paso atrás, consciente de que su posible elección depende de un solo voto.

Conde-Pumpido cuenta con el respaldo mayoritario del sector progresista, pero sus opciones pueden irse al traste si una de las nuevas magistradas, María Luisa Segoviano, decide apoyar a Balaguer, uniendo sus votos a los de los cuatro magistrados conservadores, que no están por la labor de que el ex fiscal general del Estado se convierta en presidente del TC.

El sector progresista lamenta las “interferencias”

Fuentes del sector progresista defienden que, dada su mayoría de representantes, deben ser ellos quienes elijan a su candidato, por lo que lamentan las «interferencias» conservadoras apostando por Balaguer. Según esas mismas fuentes, si su elegido –Conde-Pumpido– resultase nombrado por consenso (algo que a estas alturas se antoja una quimera), el preferido del sector conservador sería igualmente designado vicepresidente. Pero si no es así, apuntan, nada impedirá que también el vicepresidente sea progresista.

Desde el sector mayoritario consideran, en defensa de la candidatura de Conde-Pumpido, que el TC necesita un presidente «que sea magistrado» (Balaguer es catedrática de Derecho Constitucional) y «que conozca las dos salas» para «poner al día» al tribunal (dado que entre las atribuciones del presidente está la de impeler a sus compañeros a que asuntos de trascendencia se lleven al Pleno para su deliberación).

Sea quien sea quien presida el TC a partir del miércoles –el magistrado Ricardo Enríquez ejercerá por ahora ese cometido al ser el de mayor edad de entre quienes más tiempo llevan en el tribunal– tendrá que comenzar su mandato (salvo mayúscula sorpresa) sin el ansiado consenso por el que tanto pugnó el hasta ahora presidente, Pedro González-Trevijano, quien en su discurso de despedida de la institución puso en valor la Constitución como medio «llamado a aunar, nunca a dividir» a los españoles.

El adiós de Trevijano

En su última intervención al frente del Tribunal Constitucional, González-Trevijano defendió la soberanía del pueblo español (en un mensaje nada casual ante lo que está por venir si el independentismo insiste en celebrar un referéndum soberanista en Cataluña), criticó (sin señalar) la querencia del Gobierno a legislar a golpe de decretos-leyes y reprochó a algunos políticos su escasa defensa de la institución.

En franca oposición al discurso independentista, hizo hincapié en que «en España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la de pueblo español, expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación de la Constitución». Y en esa misma línea, consciente del papel clave que desempeñó el TC para atajar el desafío soberanista en Cataluña en 2017 (y ante lo que pueda pasar si la Generalitat sigue adelante con su empeño en celebrar un remedo del 1-O), González-Trevijano alertó de las «soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo».

El hasta ahora presidente del TC también tuvo un recado para los políticos, a quienes recordó que la Constitución no nace «para proteger y acatar a la autoridad», sino que es la autoridad «quien debe protegerla y acatarla, dado que la misma es expresión directa del pueblo español».

Tampoco ahorró un tirón de orejas –a este y a anteriores gobiernos– por la «malhadada hipertrofia» que, según él, supone legislar abusando de los decretos-leyes «desde hace ya varias legislaturas». Algo que, incidió, «violenta el sistema de fuentes, desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento». Una indeseada práctica que se ha visto favorecida –señaló– por la «laxa convalidación de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad».

Todavía con la apretada votación que suspendió por un solo voto la reforma del Gobierno que pretendía modificar el proceso de renovación del TC, González-Trevijano se desmarcó de las «falsarias dicotomías entre conservadores y progresistas» en el seno del tribunal. «El magistrado no representa a nadie», recalcó. «Ni al órgano por el que fue elegido ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende», defendió.