Feijóo frena la denuncia en la UE contra Sánchez

En este año electoral no se verá al PP utilizando a Bruselas para hacer campaña contra el Gobierno de coalición. Por «sentido de Estado», explican, pero también, incluso, por interés de partido. Génova revisa su estrategia y no se plantea, por ejemplo, utilizar la denuncia de la «politización» de la Justicia española en Bruselas para debilitar al Gobierno de Sánchez, y menos aún para dañar el semestre español de Presidencia europea.

El Tribunal Constitucional (TC) completó ayer la renovación con la entrada de cuatro nuevos magistrados, formalizándose así la etapa de mayoría progresista, y el siguiente paso será escoger al nuevo presidente y vicepresidente. El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece, sin embargo, que se mantendrá hasta la próxima Legislatura. Salvo que Europa fuerce lo contrario.

Los populares han llevado al Congreso su propuesta para despolitizar la Justicia –que, por cierto, no ejecutaron cuando tenían mayoría absoluta–, y ahora se abre también la batalla por cubrir la vacante en el TC que toca elegir en el Senado, y que el PP reclama que sea a propuesta suya. En principio, esa plaza debería mantenerse en el bloque conservador, pero el equilibrio de fuerzas seguiría siendo favorable al sector progresista con siete magistrados frente a cinco. El pasado mes de julio renunció por motivos de salud el magistrado Alfredo Montoya.

Sobre la mesa del Constitucional se encuentran muchas de las leyes que han marcado la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez, y hasta alguna de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como la ley del aborto. Además de las futuras decisiones que puedan adoptarse en relación a Cataluña.

Que el Gobierno haya cubierto sus vacantes con dos perfiles tan políticos como los que representan el exministro de Justicia y una exfontanera de Moncloa facilita al PP mantener el frente de oposición en materia judicial, dentro de ese mensaje que reclama una regeneración y que se siente acompañado por las demandas de Europa. Aunque Génova también tiene su parte de responsabilidad en el bloqueo judicial.

Pero la línea roja de utilizar esta cuestión para desestabilizar al Gobierno de coalición en Bruselas, en vísperas de la Presidencia española de la UE, no se ejecutará. Dicen en la dirección popular que, ante todo, son un partido de Estado y que sus deberes institucionales están por encima de los intereses electorales. No fue éste el plan de Pablo Casado, y, además, en Bruselas el PP cuenta con la cercanía del comisario de Justicia, Didier Reynders, para dar más repercusión a sus denuncias.

Las obligaciones institucionales coinciden hoy con los intereses electorales, según los cálculos que hacen en la dirección popular. Para el PP es clave mantener una estrategia de oposición que no asuste a votantes moderados, de centro, que en las pasadas elecciones apoyaron a Pedro Sánchez, pero que en los próximos comicios podrían estar valorando dar su respaldo al PP. Ese medio millón de votos que estiman las encuestas como posible trasvase y que puede ser decisivos para que salga adelante una alternativa a la actual mayoría de investidura.

La preocupación de Bruselas por el bloqueo del Poder Judicial es conocida, y se mantiene a pesar de que los niveles de crispación hayan bajado gracias al acuerdo que ha permitido desatascar la situación del TC, después de que los dos bloques elevaran la tensión dialéctica hasta cruzarse acusaciones de golpismo y negarse legitimidad democrática.

En todo caso, España llegará a la Presidencia de la UE sin haber cumplido sus deberes en materia de Justicia. Bruselas reclama que se renueve el CGPJ para, a renglón seguido, avanzar en el reforzamiento de su independencia.

El PP prevé que la amenaza de escisión de Vox por parte de Macarena Olona siga radicalizando el mensaje de este partido, pero tiene que encontrar el equilibrio que le permita seguir compitiendo electoralmente en ese espectro del voto sin perder el apoyo del electorado más moderado.

La política de «fichajes» con la que Feijóo arranca el nuevo año va dirigida, precisamente, a instalar en el imaginario popular el mantra de que Feijóo amplía su equipo desde la moderación frente a los socios radicales de Sánchez. En el tema europeo, Moncloa confía en que el semestre español de Presidencia comunitaria sea un revulsivo para la imagen del presidente del Gobierno. Los preparativos están ya en marcha, con un plan centralizado en Presidencia y sin ahorrar recursos para que la organización de ese escaparate europeo sea perfecta. En el PP dudan de que la política internacional vaya a cambiar la inercia del voto, sobre todo después de unas elecciones autonómicas y municipales que esperan ganar a nivel nacional en número de votos y también por la vía de recuperar gobiernos autonómicos que ahora están en manos de la izquierda.

Pero, en todo caso, los estrategas populares tienen claro que por encima de los análisis partidistas, la obligación del PP, como partido de gobierno, es actuar con sentido institucional. «El semestre español no paraliza la oposición. Pero hay líneas rojas con las que no se puede jugar».

Otra cosa es que Europa, por decisión propia, decida tomar nuevas iniciativas. Aunque el año electoral también lleva a que aumente la flexibilidad de Bruselas, y esto se verá en el ámbito económico o del calendario de ejecución de los compromisos asumidos para el desembolso de los fondos europeos.

El año electoral no es un año para «apretar» porque Bruselas teme, por encima de todo, el auge de los populismos.