La urgencia del PSC por frenar la “okupación” en Cataluña tensa al Gobierno

Cataluña encabeza el ranking de autonomías con mayor número de «okupas» y eso tiene un alto impacto social. Según las últimas cifras, la autonomía catalana sigue representando más del 40% de las viviendas «okupadas» en toda España, un porcentaje que apenas ha mejorado en los últimos años. Por tanto, se ha acabado convirtiendo en un problema social en Cataluña, que algunos partidos quieren atajar lo antes posible ante la inminente llegada de las elecciones municipales.

Entre ellos, destacan el PP o el PDeCat, que han hecho bandera de esta lucha contra los «okupas», pero ahora también se ha sumado el PSC. Los socialistas catalanes, con mucho poder municipal en ciudades muy importantes del área metropolitana de Barcelona, están viendo cómo el fenómeno de la «okupación» está derivando en un problema serio para la convivencia y la seguridad. Y, por tanto, se han puesto manos a la obra para darle una solución, teniendo en cuenta que están en el Gobierno y tienen mucha fuerza en el Congreso para modificar las leyes.

Por ello, han aprovechado el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que está tramitándose en el Congreso y está ya en el penúltimo paso (aprobación del dictamen en Comisión), y han introducido dos enmiendas para agilizar los desalojos de las «okupaciones» ilegales. Con esas dos enmiendas, se pretende que los jueces puedan decidir ágilmente (en menos de 48 horas) el desalojo de una vivienda «okupada», tanto si constituye un allanamiento de morada como si constituye una usurpación (las enmiendas modifican otra ley: el artículo 544 de la Ley de enjuiciamiento criminal).

El juez acordará motivadamente el desalojo si en un plazo de 48 horas los ocupantes no aportan un título legítimo. Ahora bien, el PSOE busca dotar a la disposición normativa de sensibilidad al puntualizar en la misma enmienda que si el desalojo pusiera de manifiesto «la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor», el juez debería informar de ello para que los servicios sociales se ocupen del caso.

El problema, según vienen quejándose los alcaldes socialistas, principalmente, es que muchos de esos pisos «okupados» no son habitados por personas vulnerables, que evitan los conflictos, sino que pueden ser usados por colectivos más problemáticos y eso acaba generando problemas de convivencia (el ejemplo más flagrante, en este sentido, son los narcopisos, aunque hay otros tipos más variados de «okupaciones» conflictivas, como el ruido o la suciedad).

Los alcaldes, que son quienes más sufren las quejas de los vecinos por la cercanía entre gobernante y gobernado, están detectando que eso también puede ser un factor electoral importante en determinadas zonas y por eso han promovido y presionado al PSOE para que se les dote de armas jurídicas con las que poder hacer frente a ese problema. De ahí han nacido esas dos enmiendas «antiokupas», que han generado un nuevo terremoto dentro del Gobierno porque Podemos las rechaza rotundamente y ya ha advertido de que votarán en contra de esa norma si el PSOE las mantiene.

A juicio de Podemos, introducir esas disposiciones legales es comprarle el marco político a la derecha, que es quien ha hecho bandera de la lucha contra la «okupación». Los morados consideran que no hay problema de «okupación» en España y, por ello, consideran que esa reforma legal es innecesaria. El partido liderado por Ione Belarra e Irene Montero también está contando con el respaldo en la calle de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que ha organizado alguna acción de protesta contra el PSC (en las puertas de la sede) para frenar las medidas «antiokupas».

Si bien, en las filas de los socialistas catalanes, el tema de la seguridad es una cuestión que se ha convertido en una prioridad de primer orden para las próximas elecciones municipales y quieren evitar perder esa batalla frente a la derecha. Por tanto, la ley se mantiene viva en el Congreso, aunque se vislumbra un conflicto entre socios de Gobierno porque es una reforma que está exigiendo el PSC para afrontar un problema de primer orden en Cataluña, pero se encuentra con el rechazo de los morados. Hasta ahora, PSOE y Podemos tan solo han votado diferente una ley en una ocasión en toda la legislatura.