"Papeles de Bárcenas"

El juez Pedraz ratifica el archivo de la investigación de las adjudicaciones a empresarios donantes del PP

El magistrado de la Audiencia Nacional reitera el sobreseimiento acordado en diciembre ante la falta de indicios de cohecho y rechaza el recurso de una de las acusaciones

El juez concede el tercer grado a Luis Bárcenas, extesorero del PP
El juez concede el tercer grado a Luis Bárcenas, extesorero del PPÓscar CañasEuropa Press

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ratificado la decisión que acordó el pasado diciembre de archivar la investigación de las supuestas adjudicaciones irregulares a empresarios donantes del PP, una de las piezas separadas de la causa de los «papeles de Bárcenas».

Así lo confirman fuentes jurídicas, que señalan que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 del citado tribunal ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular que ejerce el Observatori de Drets Humans (DESC), exponiendo idénticos argumentos que le llevaron a archivar esa pieza: la falta de indicios suficientes que permitan vincular esas adjudicaciones con las donaciones de los empresarios investigados a raíz de las anotaciones de los «papeles de Bárcenas».

En todo caso, la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues la representación letrada del PSOE, que también ejerce la acusación, optó por recurrir directamente en apelación ante la instancia superior al instructor, que será la que dirima si el magistrado debe reabrir la investigación, como ya sucedió en febrero de 2017 tras las declaraciones efectuadas en el juicio a la «trama Gürtel» por el líder de la red corrupta, el empresario Francisco Correa.

“Total y absoluta impunidad”

Pedraz mantenía abierta hasta el pasado diciembre una investigación por cohecho para esclarecer si administraciones gobernadas por el PP en la época del Gobierno de Aznar premiaron con licitaciones públicas a donantes del partido, una instrucción que se reactivó en febrero de 2019 con la confesión por escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas días antes de que comenzase el juicio de la «caja B» del PP. Bárcenas se comprometió a trasladar al juez documentación que acreditase que algunas de esas aportaciones económicas sí fueron finalistas (a cambio de contratos de obra), pero esos papeles nunca llegaron al juzgado.

En su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el abogado de DESC, Gonzalo Boye, calificaba de «sorprendente» el archivo de las actuaciones, que se acordó a instancia de la Fiscalía Anticorrupción y después de que un informe de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) no viese indicios de la conexión de esas donaciones a las adjudicaciones bajo sospecha.

Para el letrado, tanto las anotaciones de Bárcenas como sus declaraciones judiciales son suficientes para seguir adelante con la investigación, por lo que lamenta que el juez busque «una constancia sobre los hechos más propia de un juicio oral», pretendiendo –ironiza– que el compromiso de esa supuesta contrapartida «aparezca reflejado documentalmente en los expedientes de contratación». Una decisión que, se queja, conlleva la «total y absoluta impunidad ante hechos tan graves».

Informe “superficial”

En relación al informe de la IGAE, la acusación lo tacha de “superficial” porque sus autores no dispusieron “de la documentación al completo relativa a los distintos expedientes”, aunque el letrado sí señala que en todos ellos se reseñan “incidencias de diversa índole” (modificados, excesos de medición, ampliaciones de plazo, temeridad en las ofertas e incluso “irregularidades no relevantes”).

Pese a las conclusiones del informe, la acusación insiste en que se trata de una dinámica “en la que distintos empresarios donaban cantidades de dinero al Partido Popular a cambio del acceso preferente a las distintas administraciones licitadoras en una suerte de “tarifa plana””. Y hace hincapié en que no es posible “encontrar dentro de la documentación relativa a la contratación un documento escandaloso en el que aparezca que la adjudicación se había hecho a cambio de un precio”.

Por lo tanto, el letrado de la acusación consideraba “improcedente” el sobreseimiento “apoyándose únicamente en un informe incompleto e insuficiente” y “con omisión de lo que se ha investigado en los últimos cinco años”. Para revertir la decisión, Boye solicitaba que se aporte a la IGAE “toda aquella documentación” que falta para que elabore un nuevo informe con toda esa información incluida.