El CGPJ retoma el pulso a la reforma que le impide cubrir las vacantes judiciales

Tras estar en el ojo del huracán durante meses a cuenta de la enquistada renovación del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría conservadora del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no parece estar dispuesta a cruzarse de brazos ante la reforma que desde hace casi dos años le impide hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones.

En marzo de 2021 se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Podemos para intentar forzar al PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, una reforma que impide al CGPJ cubrir las vacantes que ha terminado por poner al borde del precipicio al Tribunal Supremo. Ayer mismo, su Sala de Gobierno instaba al Parlamento a dar una solución «inmediata» a la «situación insostenible» que arrastra y que en los próximos meses se plasmará en un 30 por ciento de sus plazas vacantes.

Los vocales tienen previsto abordar en esta reunión de la Comisión Permanente el análisis de la Secretaría General sobre el «impacto que sobre la actividad del Tribunal Supremo tiene la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales».

Fuentes del bloque mayoritario apuntan a este periódico que, ante la previsión de que el actual Consejo prolongue su mandato unos cuantos meses más –las negociaciones entre el Gobierno y el PP para su renovación están rotas y no parece probable que en año electoral haya fumata blanca– «algo habrá que hacer» ante lo que consideran preocupante situación que atraviesa la cúpula judicial ante la imposibilidad de efectuar nombramientos.

“No hay visos de renovación”

Según esas mismas fuentes se trata, por el momento, de una «mera aproximación» a un asunto que consideran «complejo», pero que ven ineludible abordar «porque no hay visos de renovación» y la situación que atraviesa el alto tribunal, como ha puesto de manifiesto la Sala de Gobierno del TS, es «crítica». El pasado septiembre, el entonces todavía presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ya amagó con su dimisión (que finalmente se produjo) si no se ponía remedio a las «devastadoras» consecuencias de la reforma.

Fue el pasado noviembre cuando la Comisión Permanente encargó precisamente al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo un informe para calibrar el «impacto» sobre «cada una de las salas» del alto tribunal «la imposibilidad legal» del Consejo de cubrir las vacantes judiciales.

Ahora, a la vista de que la situación de interinidad tiene visos de prolongarse, entre algunos vocales conservadores cunde el propósito de buscar una solución, recurriendo incluso a instancias europeas o al mismísimo Tribunal Constitucional, que tiene pendiente desde hace más de año y medio pronunciarse sobre la constitucionalidad de la polémica reforma.

Entre los mecanismos a los que también puede recurrir el CGPJ, apuntan las fuentes consultadas, está también el ejercicio de la cláusula de cierre del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que habilita al Consejo en funciones a realizar las actuaciones “que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano”, que según entienden se estaría viendo afectado por la imposibilidad de cubrir las vacantes.

SOS del Tribunal Central Militar

Si hay una situación que ejemplifica las consecuencias de esa modificación legal es la insólita situación que vive el Tribunal Militar Central (se encarga, entre otros asuntos, de resolver los recursos contra sanciones disciplinarias), que desde que el pasado 21 de diciembre –cuando pasó a la reserva el general auditor Francisco Luis Pascual– se ha quedado sin auditor presidente y sin ningún vocal togado que pueda ser nombrado ponente en causa alguna. De manera que tampoco puede formar Sala para celebrar un juicio.

Para intentar remediar esa situación kafkiana, la Comisión Permanente estudiará hoy también las propuestas de los vocales Clara Martínez de Careaga y José María Macías. Ambos fueron designados ponentes pero como reconocen en sus propuestas, fue imposible secundar conjuntamente una solución al llegar a «un punto de absoluta discrepancia».

Martínez de Careaga defiende que, dado que la ley impide también cubrir las vacantes del Tribunal Militar Central mediante suplencias –como defiende un informe del Gabinete Técnico de septiembre del pasado año–, debe dejarse en manos del Ministerio de Defensa la decisión de evitar que este órgano judicial «quede de facto sin titular alguno».

Para Macías, sin embargo, solo hay dos soluciones: que el CGPJ recupere sus competencias para cubrir esas vacantes o designar unos suplentes, convocando los correspondientes concursos para la provisión de esas plazas, «sin perjuicio de que, posteriormente, el Ministerio de Defensa conceda a los jueces militares designados las correspondientes comisiones de servicios».