Feijóo desvinculará el Gobierno al mandato de la Fiscalía

El plan de regeneración institucional con el que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se presentará a las elecciones generales incluye la propuesta de ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado para desvincularlo del Ejecutivo.

El PP considera necesario aprobar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que avance en la autonomía de esta institución. Para ello, se compromete a promover un nuevo régimen jurídico del fiscal general del Estado. Su mandato será de cinco años para desvincularlo de la duración de las Legislaturas y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad. Es una manera de veta que haya más casos como el Dolores Delgado, que del Ministerio de Justicia salto directamente a la jefatura de la Fiscalía.

Los populares también se comprometen a eliminar la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto, artículo 31 del Estatuto. Y establecerán en su reforma requisitos y limitaciones más explícitas y rigurosas para poder ser candidato. En todo caso, tendrán que ser juristas de reconocido prestigio con más de veinte años de ejercicio efectivo de la profesión. No podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores (como cargo electo, miembro del Gobierno del Estado o de las comunidades autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical).

Asimismo, la reforma establecerá que el fiscal general del Estado podrá ser recusado: el informe previo preceptivo del CGPJ deberá pronunciarse expresa y motivadamente sobre la idoneidad del candidato propuesto sin que pueda limitarse a certificar requisitos formales.

El presidente del PP ha elegido Cádiz, el Oratorio de San Felipe Neri, para presentar el plan de regeneración porque fue el lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812, conocida popularmente como la Pepa.

Tal y como anunció Feijóo en la comparecencia de balance del año 2022, el pasado 30 de diciembre, el Plan de Calidad Institucional incluirá medidas de regeneración democrática y mejora del funcionamiento de las instituciones, entre ellas la propuesta de que gobierne la lista más votada para que la mayoría de los ciudadanos no esté sujeta a «una suerte de tiranía de las minorías políticas».

El plan también incluye la propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cuatro años caducado. Esta reforma la ha presentado el PP en el Congreso y también la envió a Moncloa en junio, cuando estaban abiertas las negociaciones para renovar los órganos constitucionales.

El Tribunal Constitucional entra dentro del plan de regeneración, por la vía de incluir criterios de inelegibilidad de los candidatos que hayan ocupado cargos políticos en los últimos cinco años, un requisito que dejaría fuera a los dos nuevos magistrados, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex fontanera de Moncloa Laura Díez. Feijóo también asume el compromiso de reformar el sistema de elección de los magistrados y del presidente del TC. Además de nuevos estándares de transparencia y funcionamiento del tribunal en la toma de decisiones, en los votos de los magistrados y en la distribución de asuntos, los calendarios resueltos y los temas pendientes.

Este amplio proceso de reforma de las leyes constitucionales exigiría un acuerdo de Estado con el PSOE, imposible en esta etapa de Pedro Sánchez como secretario general. Los populares sostienen que si hay un cambio de gobierno, esto provocará un relevo en la dirección del PSOE y podrán retomarse los cauces de diálogo y acuerdo que han sido dinamitados en éstos últimos años. Pero ya tanto como el liderazgo influye también la dependencia de los dos principales partidos de apoyos a derecha y a izquierda. En el bloque de izquierdas, los acuerdos del PSOE con el PP, por ejemplo, son incompatibles con la alianza de los socialistas con Podemos y con ERC. Y esta fragmentación no la corrige ninguna de las proyecciones demoscópicas que hoy manejan los partidos.

En una entrevista en LA RAZÓN, Feijoó ya anunció que la regeneración institucional la hará extensiva a la Presidencia del Gobierno, regulando, por ejemplo, la utilización del Falcon. Se trata de un paquete de medidas que buscan corregir algunas de la situaciones que se han dado durante esta legislatura, y que, aun cumpliendo la ley vigente, chocan con el mínimo principio estético y de respeto a la independencia institucional. La decisión de Génova de poner este plan encima de la mesa confirma que la economía no será el único leit motiv de las próximas elecciones. El PP explotará también el rechazo social a los aliados socialistas,incluso entre los votantes más tradicionales del PSOE. Moncloa, por su parte, intenta contrarrestar este rechazo con algunas de sus medidas económicas. El consenso demoscópico ya revela que la revalorización de las pensiones está mitigando el enfado de los votantes socialistas de más edad con las cesiones a ERC, como la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación