El Gobierno saca adelante el decreto anticrisis con mínimos apoyos

Obtiene tan solo 175 votos a favor, menos que los dos decretos anteriores

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

El Gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto anticrisis, que entró en vigor el pasado 1 de enero y su aplicación se alargará durante todo el 2023. La norma ha quedado aprobada con el apoyo de 175 diputados. Es el tercer decreto con medidas anticrisis (tras el de abril, que recabó 176 apoyos, y el de septiembre, que recabó 187 apoyos) desde que estalló la guerra en Ucrania, pero es el que menos apoyo ha obtenido. Esquerra se ha abstenido finalmente.

Así, el decreto es un buen termómetro de cómo se desarrollará la última parte de la legislatura en el Congreso, la cual estará marcada por los comicios autonómicos, municipales y como colofón las elecciones generales. El Gobierno explotará la imagen de estabilidad por medio de la aprobación de las últimas leyes más sociales para conseguir el aval social en los mitines -como la ley de vivienda- y dejará en un rincón las que susciten más polémicas con sus socios, -la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana continúa encallada- . A la par, el Ejecutivo saca pecho de su acción gubernamental y de la protección hacia las clases más vulnerables en medio de la guerra en Ucrania, mientras que los socios continúan exigiendo a Moncloa más y criticando políticas económicas que, a su juicio, se quedan cortas.

La convalidación del decreto es aún así un balón de oxígeno para el Gobierno en un momento en el que todo el hemiciclo reclama medidas a largo plazo y no parches para sobrevivir. Además, tanto socios como oposición critican el “abuso” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez del uso del decreto, es decir la aprobación de decretos sin informes previos ni debate. “Utilizan la subida de las pensiones o la rebaja del IVA de los alimentos básicos para colarnos los pagos clásicos a las energéticas. Decía que es difícil votar que no, pero esto es un puro chantaje político emocional”, criticaban en JxCAT, que votó en contra junto a la CUP y Teruel Existe.

Esta fue una de las críticas más unánimes que salieron de la jornada parlamentaria, al igual que la negativa del Gobierno para negociar con los socios. Por ejemplo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián reprochó al Gobierno que fuese “rácano y cobarde” en muchas propuestas y pidió “medidas valientes” para el momento actual” y no “iniciativas temporales”.

El decreto incluye medidas de gran impacto mediático, como la reducción del IVA a alimentos de primera necesidad o un cheque de 200 euros a rentas inferiores a los 27.000 euros (con patrimonio inferior a 75.000 euros) que podría beneficiar a 4,2 millones de personas; o, la prórroga de la congelación de los alquileres al 2% y de la reducción del precio del transporte. Sin embargo, el tono de los principales socios del Gobierno y de la oposición ha sido bastante duro con el Gobierno por las medidas incluidas, ya que algunos las consideran equivocadas (ha habido bastantes críticas de última hora a que se haya suprimido el requisito de evaluación ambiental a los proyectos de renovables superiores a los 50MW) y otros, insuficientes.

En paralelo, algunos centros de estudios, como Fedea, ya han señalado que la reducción del IVA beneficiará más a las rentas más altas, como era de esperar, algo que también contradice el relato del Gobierno de volcarse solo con medidas que mejoren la vida de los más vulnerables. El PNV, por ejemplo, ha usado ese informe para criticar esa rebaja del IVA que pedía el Gobierno.

El encargado de defender el decreto ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien garantizó un “muy buen” año gracias a estas medidas del decreto convalidado y pidió un gran consenso por “sentido común” así como para que las cargas estén repartidas entre todos para salir adelante de la crisis económica. Además, Bolaños destacó la “razonablemente positiva” situación económica de España a pesar de la guerra de Ucrania y prometió que el Gobierno seguirá ayudando y haciendo “lo que sea necesario para proteger a las familias y empresas”.

El diputado del PP, Jaime de Olano, ha confirmado la abstención del PP porque incluye medidas que ha propuesto su partido. A juicio del diputado, popular eso refleja que el Gobierno “rectifica”, pero lo ha hecho “tarde y mal”. “Las familias podrían haberse ahorrado 353 millones de euros si se hubiera rebajado el IVA a los alimentos en septiembre; y, 2.000 millones con la deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas”, ha afirmado. Para traducir esa abstención en apoyo, los populares reclamaban que el Gobierno cediera con la deflactación del IRPF o se rebajara el IVA a la carne y al pescado.

Los socios se mostraron muy críticos con la situación actual y la gestión del Gobierno. Es el caso de ERC que acabó permitiendo el decreto a través de su abstención, quien pidió una gran reforma íntegra de la ley del sector eléctrico. Compromis tildó de insuficientes las ayudas de 950 millones la industria gasintensiva. Desde Junts y BNG se criticó el crédito extraordinario de 2.000 millones de euros a favor de las liquidaciones del sector eléctrico, por tratarse de un “oligopolio” Bildu pidió nuevas medidas de alimentación -como Podemos- para limitar el precio de determinados alimentos básicos. Los peneuvistas mostraron dudas obre las rebajas del IVA o del cheque de 200 euros porque -lamentan- “dejan fuera a determinados sectores”, y consideraron que darían efectos “muy limitados”.

Vox finalmente se abstuvo al igual que el PP en la convalidación del decreto al dar por buenas medidas para contener la inflación como las rebajas del IVA de alimentos y el cheque de 200 euros para familias vulnerables. Eso sí, el portavoz Iván Espinosa de los Monteros criticó que las medidas en materia de alimentación llegan nueve meses tarde y que las iniciativas energéticas llegan con un retraso de “18 meses”. Criticó aún así el decreto por “mentirosos” porque, dijo, con las medidas no se rebajan los impuestos a la ciudadanía.