Revolcón del Gobierno: la ley “mordaza”, vivienda y el decreto anticrisis retratan su debilidad

El Gobierno empieza el año comprobando de primera mano que sus socios parlamentarios están dando señales de cansancio ante promesas sin cumplir o por ejecutar en medio de la carrera electoral, aunque bajo la convicción de que seguirán apoyando al Gobierno para evitar una alternativa liderada por el PP. Pero la sensación ayer en el Congreso era la de la debilidad y de que el Ejecutivo tuvo que sudar la camiseta para dar la imagen de estabilidad.

Pedro Sánchez se descolgó con un discurso triunfalista en una comparecencia para explicar los dos últimos consejos europeos en el Congreso, reivindicando su gestión económica ante el golpe de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Sin embargo, ni los datos económicos dan señales para tanto entusiasmo (pese a que se ha conseguido sortear las previsiones más catastrofistas) ni la actividad parlamentaria puede generar tranquilidad en el Gobierno. La Cámara Baja reflejó ayer la debilidad de Moncloa con tres iniciativas: el decreto de medidas anticrisis, que salió adelante, aunque con apoyo de mínimos; la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana bordeó el fracaso; y, los socios enviaron duros mensajes con respecto a la ley de vivienda.

Esta fotografía sirve de termómetro para vaticinar cómo se desarrollará la última parte de la legislatura. La relación con los socios se ha enrarecido, envenenada por la cercanía de las elecciones de mayo, y los acuerdos de aquí al final se encarecerán. El decreto de medidas anticrisis es el tercero que se aprueba desde que estallara la guerra de Ucrania, pero es el que menos apoyos ha obtenido, con 175 votos (el de abril recabó 176 y el de septiembre consiguió 187). Eso ya de por sí es un claro síntoma de cuál es el momento de agotamiento que atraviesa el Gobierno. Pero no solos son números, también es el tono de socios como Esquerra lo que puede activar nuevamente las alarmas en el ejecutivo: los republicanos se abstuvieron, reclamaron medidas más duras, como el tope de los precios a los alimentos de primera necesidad o gravar los beneficios extraordinarios de los supermercados (alineándose con Podemos), y echaron en cara a los socialistas que sigan sin apoyar los presupuestos de la Generalitat. Las cuentas del Govern es otro factor que amenaza con debilitar los puentes entre socialistas y republicanos.

También Bildu, PNV, Más País y Compromís reclamaron al Ejecutivo más pasos para frenar la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania y medidas «valientes» y no temporales. El Gobierno, sin embargo, hizo caso omiso y se dedicó a reivindicar las medidas incluidas en el decreto, que van desde la reducción del IVA en algunos alimentos al cheque de 200 euros para rentas inferiores a los 27.000 euros (con patrimonio inferior a 75.000 euros) que podría beneficiar a 4,2 millones de personas; o, la prórroga de la congelación de los alquileres al 2% y de la reducción del precio del transporte. Pero tanto socios como oposición fueron bastante críticos porque consideraron que incluye medidas equivocadas o insuficientes.

Aún así, la convalidación del decreto sigue siendo un balón de oxígeno a la gestión del Gobierno, en un momento clave, ante la precampaña electoral. Eso sí, el Ejecutivo acabará su último año de mandato con las mismas críticas que lo empezó: el abuso del decreto ley, es decir la aprobación de los decretos sin informes previos ni debate y por el incumplimiento de los compromisos de gobierno, según censuraron desde el PDeCAT.

Mientras los socios elevaron el tono, el Partido Popular mostró un discurso más conciliador con el Gobierno. Se abstuvo ante el decreto (igual que Vox), ya que considera que incluye medidas que ellos mismos han propuesto (como la reducción del IVA a los alimentos), pero reclamó más para apoyarlo (la deflactación del IRPF de las rentas medias y bajas o la reducción del IVA para carne y pescado).

Superada la votación del decreto, en el horizonte más inmediato del Gobierno aparecen la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Vivienda. La Ley de Seguridad Ciudadana bordeó ayer el fracaso ya que los socios siguen sin dar su brazo a torcer: los partidos del Gobierno evitaron una votación en Ponencia porque la hubieran perdido y la norma habría quedado en la cuneta. La ley de vivienda dio ayer sus primeros pasos con la constitución de la Ponencia, pero las amenazas de los socios fueron muy significativas: hasta Podemos echó en cara a Sánchez su reunión en Davos con fondos de inversión, «enemigos» para la izquierda en materia habitacional.