La etarra Zaldua pide su absolución por el asesinato de Giménez Abad

La etarra Itxaso Zaldua, «Sahatsa», procesada por el asesinato en 2001 el senador Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, ha pedido a la Audiencia Nacional su absolución en el juicio que se celebrará cuando Francia dé su visto bueno para sentar en el banquillo al otro acusado, el exdirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, «Ata», que actualmente cumple condena en el país vecino.

La defensa de Zaldua niega que tenga algo que ver con el atentado y carga contra las «interpretaciones y juicios» de los informes de Policía y Guardia Civil, quejándose de que las Fuerzas de Seguridad pretendan sustituir al tribunal en la valoración de los indicios contra la etarra.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso LA RAZÓN («Ata» no ha presentado aún el suyo a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud a Francia para juzgarlo), su abogado, Aiert Larrarte, sostiene que «los hechos de los que es responsable» Zaldua según las acusaciones (la Fiscalía, la familia de la víctima y Dignidad y Justicia, que piden para los dos acusados una condena de 30 años de prisión por asesinato terrorista) «no son constitutivos de delito alguno» porque «no ocurren tal como (los) relatan». De ahí que solicite a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional su «libre absolución».

Identificada por un testigo protegido

El abogado de Zaldua –que tras cumplir condena en Francia fue detenida por estos hechos en septiembre de 2020, cuando ya se encontraba en libertad, tras ser identificada por un testigo protegido– impugna «todos los informes» policiales que «las acusaciones presentan y proponen como periciales»: dos de la Comisaría General de Información de la Policía de diciembre de 2019 y junio de 2020 y otro de la Jefatura de Información de la Guardia Civil de marzo de ese mismo año.

Según el letrado, los agentes deben declarar como testigos, y no como peritos, porque aunque se trata de testigos «cualificados» por su «saber o experiencia» deben comparecer sobre los hechos que conocieron «por percepción común». Sin embargo, se queja, los informes periciales de Inteligencia «no solamente exponen una información referencial y seleccionada», sino que incorporan «interpretaciones y juicios con la pretensión de una sustitución del tribunal» que en su opinión acarrea que el «razonamiento policial» se sobreponga a la valoración que solo compete al tribunal.

Esos documentos, denuncia, no tienen una verdadera naturaleza pericial que suministre a los magistrados «conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos» que les ayude a conocer una realidad «no constatable» directamente por el tribunal.

La defensa de la etarra también impugna el informe de la Guardia Civil que analiza una de las pruebas clave para sentar en el banquillo: el análisis de una nota manuscrita de apenas ocho líneas que fue intervenida al ex dirigente de ETA Juan Fernández Iradi, «Susper», tras ser detenido en la localidad francesa de Tarbes en diciembre de 2002. Una nota atribuida al «comando Basajuan», supuesto responsable del atentado, y en el que la Fiscalía encuadra a Zaldua.

Prueba caligráfica clave

De la documentación intervenida a «Susper» se desprende que el «comando» estaba operativo en octubre de 2000 y lo estuvo al menos hasta el verano de 2002, aunque este dato se desconocía en la fecha del atentado, cuando las Fuerzas de Seguridad desconocían que Zaldua estaba integrada en ETA.

El letrado cuestiona abiertamente la traducción del euskara efectuada por un agente del Grupo de Información de la Guardia Civil de Navarra y propone a la Audiencia Nacional que, con carácter previo al juicio, el catedrático de Dialectología del idioma vasco Iñaki Camino realice un estudio pericial alternativo sobre esa documentación.

Zaldua se sometió en julio de 2020 a una prueba caligráfica para cotejar su escritura con esa nota manuscrita. La Policía Científica concluyó que «las analogías» entre ambos cuerpos de escritura eran «suficientes para afirmar la existencia de una misma personalidad escritural en los dos grupos de textos manuscritos estudiados», lo que precipitó su procesamiento.

Tras el atentado, al menos cinco testigos relataron que el autor de los disparos huyó junto a una mujer a la que alguno se refirió como «de cara alegre». Casi veinte años después del atentado, con la prescripción ya acechando, la etarra –ahora en prisión– fue detenida.