El Gobierno “corregirá” la Ley del “solo sí es sí” para elevar las penas

El Gobierno se ve obligado a rectificar la Ley del “solo sí es sí”. Después de más de tres meses de vigencia y en el entorno de las 300 revisiones de condenas, Moncloa asume que el desgaste que está sufriendo es ya inasumible y se ve forzado a escenificar una actitud proactiva. “No podemos seguir sin hacer nada. Esto hay que arreglarlo”, dicen fuentes socialistas. La complejidad de la reforma es de calado. En primer término, porque los cambios generan profundas discrepancias en el seno del Ejecutivo, el ala de Unidas Podemos no está de acuerdo con tocar una ley que considera “sólida”. En segundo plano, porque jurídicamente el derecho transitorio se ha consolidado y ya no hay solución posible ante la ventana de oportunidad que se ha abierto para los condenados por agresión sexual, que encuentran en la legislación actual una interpretación más ventajosa.

Sin embargo, el Gobierno confirma que “corregirá” la Ley del “solo sí es sí” para “paliar los efectos indeseados” que se han producido -rebajas de penas y excarcelaciones- al amparo de la norma estrella de Igualdad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado hoy que se estudia “una reforma legal” en base a una “propuesta” del Ministerio de Justicia, que supondría “corregir aspectos puntuales” para elevar las penas mínimas, pero “sin tocar, en ningún caso el consentimiento” y manteniendo un único tipo de agresión sexual.“No se vuelve al modelo anterior”, señalan fuentes de Justicia.

En esta línea, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha confirmado en rueda de prensa que esa corrección se vehiculará a través de una proposición de ley que se va a presentar cuanto antes en el Congreso de los Diputados. El PSOE presiona así a sus socios, pues reconocen que no existe todavía un acuerdo con Podemos, aunque muestran su “máxima voluntad” de llegar a un punto de encuentro. “Vamos a seguir hablando estos días para lograr una propuesta conjunta”, ha señalado Alegría, aclarando, no obstante, que la propuesta se planteará aunque no cuente con el plácet de los morados. “En caso de no darse esa puesta en común, por parte del PSOE daremos un paso adelante”, ha dicho. El retoque, confirman, se sustanciará en “elevar las penas a los agresores sexuales”, pero sin que esto suponga un menoscabo en la esencia de la ley ni desviar el consentimiento del centro de la norma.

Fuentes gubernamentales asumen la complejidad y la necesidad de “abordar con todo el rigor técnico” el retoque y señalan que lo harán “de la mano de magistrados y expertos penalistas en este tema”. En todo caso, reiteran que en la modificación, “el consentimiento estará en el centro y será nuclear en la corrección que hagamos”. “No queremos ni un solo retroceso”, ha dicho Bolaños. En el Ejecutivo quieren contar con el acuerdo en el seno del Consejo de Ministros, pero sí aclaran que el cambio se va a producir aunque los morados no estén de acuerdo.

El Gobierno ha recibido continuas presiones desde el PSOE y el ala socialista del propio Ejecutivo. “La rectificación es inevitable, no sé cuánto tardaremos, pero se tiene que hacer”, señalaba un dirigente autonómico a este diario, preocupado por el impacto que puede tener esta cuestión en las elecciones del próximo 28 de mayo. A nivel territorial, pero también dentro de Moncloa reconocen que esta cuestión es “la que más daño nos hace, la que más nos afecta” de todas las decisiones controvertidas que ha tomado el Gobierno. Mucho más, resumen, que otras polémicas como la derogación de la sedición o la reforma de la malversación. “Esto afecta a nuestra esencia”, resume otro alto cargo del Ejecutivo, que recuerda que el voto de las mujeres es uno de los principales nichos electorales del PSOE. “Se tiene que revertir ya”, zanjan.

La Ley del “solo sí es sí” no es uno de esos textos aprobados con precipitación por parte del Gobierno. Siguió el cauce reglamentario, superó las discrepancias suscitadas en el seno de la coalición, se sometió a los órganos consultivos -cuyas reclamaciones, por ejemplo, las del CGPJ, no fueron asumidas en su totalidad- y transitó al trámite parlamentario durante más de un año. Sin embargo, ahora se opta para su reforma por el procedimiento de la proposición de ley que evita que permite sortear el criterio de estos órganos consultivos.