El juez de Pegasus estudia si acepta la querella de Aragonés contra la exdirectora del CNI

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional estudia si debe ser este órgano el que investigue la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje con el virus israelí «Pegasus». El juez José Luis Calama -que lidera también las pesquisas de «Pegasus» pero relacionadas con los miembros del Gobierno central- decidirá en los próximos días si es competente para quedarse con el caso catalán o si el asunto debe regresar a los juzgados de Barcelona como pide el propio Aragonès, según confirman fuentes jurídicas.

El espionaje con «Pegasus» abrió una crisis política entre mayo y abril del pasado año cuando, de un lado, el Gobierno descubrió que el «malware» israelí se había hospedado en el móvil del presidente Pedro Sánchez y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y del otro, el CNI confirmó que había utilizado esta herramienta para indagar en personajes relevantes del independentismo como el propio Aragonès.

Desde entonces en la Audiencia Nacional Calama busca despejar la incógnita sobre quién estuvo detrás de los ataques digitales al Gobierno. Con poco éxito, eso sí, porque las pesquisas están atascadas a la espera de una petición de información a NSO Group (empresa israelí que desarrolla y vende el programa), según explican citadas fuentes. Por su parte, los políticos independentistas interpusieron distintas querellas en Barcelona y la de Aragonès, en concreto, recaló en el Juzgado de Instrucción 29 de la ciudad.

Tampoco allí se ha avanzado nada. El fiscal Roberto Valverde presentó un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señalando que «atendida la naturaleza de los delitos denunciados» (descubrimiento y revelación de secretos) la competencia era de la Audiencia Nacional al ser Aragonès «parte de la configuración del Gobierno».

El móvil de president sufrió infecciones el 4, el 5 y el 13 de enero de 2020 a través de sms cuando él ocupaba el cargo de vicepresident de la Generalitat y responsable de Hacienda. La Fiscalía se apoyó en le Ley del Poder Judicial [artículo 65.1] que dice que la Audiencia Nacional debe ser competente de los «delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de Gobierno». Pero para la defensa de Aragonès en esta frase no vale todo porque entonces «establecería un precedente según el cual la protección de todas las autoridades, instituciones y altos cargos catalanes solo podría producirse en la audiencia Nacional».

Existe un precedente que fue cuando en 2017 la magistrada Carmen Lamela resolvió en este sentido (que el president señala de «finalista») para quedarse con la causa del «procés».

El 10 de octubre el juez catalán se inhibió del asunto porque aunque el argumento de Aragonès era «legítimo» entendía que «el cargo público ostentado por el querellante no es ni marginal ni residual en el tratamiento de su persona sino claramente preponderante». En definitiva que su motivación personal «queda absorbida por su estatus profesional como presidente».

En la vez del «procés» la Sala de lo Penal dio la razón a Lamela, aunque hubo voto particular del juez José Ricardo de Prada que señaló la «problemática de establecer interpretaciones extensivas de la competencia por razones de oportunidad». Ahora, Calama tiene ya sobre su mesa toda la documentación de Barcelona para decidir si la investigación se queda en Madrid y si la une a la que ya estaba en marcha respecto a los miembros del Gobierno.