A Blanco sólo le queda ya un recurso para evitar el banquillo

Las «balas» se le van acabando al ex ministro de Fomento con Rodríguez Zapatero y actual diputado socialista José Blanco, para evitar que sea juzgado por un delito de tráfico de influencias por intervenir «notoriamente, si bien a través de terceros», para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat concediese a la empresa Azkar, de la que su amigo José Antonio Orozco era vicepresidente, una licencia para construir una nave industrial, saltándose las normas y trámites legales previstos. Ese delito está castigado con una pena de seis meses a dos años de cárcel, multa e inhabilitación para empleo o cargo público de tres a seis años. El instructor, el magistrado José Ramón Soriano, ha remitido toda la causa a la Sala que admitió a trámite la exposición razonada que envió la jueza de Lugo Estela San José para que, «a fin de que, si lo esgrime procedente», solicite al Congreso el correspondiente suplicatorio para poder juzgar a Blanco, quien ya anunció días atrás que recurriría esa decisión.

En el auto, el juez hace un breve resumen de los hechos que le llevan a concluir la mediación más que relevante en que su amigo Orozco lograse una licencia que le había sido denegada y la subsanación de esas deficiencias le hubiesen costado entre 175.000 y 500.000 euros. Dada la «relación de amistad» entre el ex ministro de Fomento y el vicepresidente de Azkar, éste le solicitó, en diciembre de 2010, que «influyera ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch i Puges, miembro del PSC, perteneciente a la misma familia política del PSOE, para la consecución de una licencia ambiental favorable, que había solicitado su empresa ante dicho ayuntamiento en fecha 4 agosto 2010, la cual estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos de la misma» y cuyo cumplimiento le hubiese supuesto el desembolso económico citado.

El ex ministro, asegura el juez, «accedió» y con sus gestiones logró que la empresa de Orozco lograra la licencia, poco más de tres meses después de esa petición, en abril de 2011, sin ese coste.

El magistrado no tiene dudas de que las gestiones del ex ministro, articuladas principalmente a través de quien era su secretario de Transportes, Isaías Taboas, por los cargos que ostentaba –ministro de Fomento y número 3 del PSOE– y la elección del mandatario «adecuado», supusieron una «fuerte presión para el alcalde a la hora de decidir».

Lo que parece cierto es que Orozco logró sus objetivos y hasta se vanagloriaba en una de sus conversaciones de que los «inconvenientes» se los habían resuelto directamente los técnicos del propio ayuntamiento. Así se refleja en una intervención telefónica, el 17 de febrero de 2011, en la que a la pregunta de cómo iban las gestiones ante el Consistorio, realizadas tras la petición en ese sentido a Blanco, responde textualmente a su interlocutor: «Estupendamente, como no podía ser de otra manera, nos confeccionaron hasta el escrito de alegaciones, ellos, ¿eh?, que ha quedado depositado ya en el registro, que también hicieron ellos, ¿eh?...Y se quedó con una copia del mismo el jefe de Urbanismo, para llevarlo al Pleno de la semana que viene».