A UGT le bastan nueve líneas para valorar las nuevas detenciones

La Razón
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Nueve líneas. 639 caracteres o, si se prefiere, el texto de cuatro tuits y medio. Eso es todo lo que necesitó ayer la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT) para valorar la segunda fase de la «operación Heracles», en la que la Guardia Civil detuvo, entre otros, al secretario general del sindicato en Cádiz, Salvador Mera.

En un comunicado hecho público ayer «ante la nueva operación policial por el "caso de los ERE"en Andalucía», UGT asegura que «el sindicato es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos cuanto antes, por lo que espera diligencia en la resolución del caso». También muestra su «respeto a la Justicia» y, al mismo tiempo, exige «respeto a la labor sindical y al esfuerzo voluntario y militante de cientos de miles de personas en el conjunto del país». «Los sindicatos cumplen una función constitucional imprescindible», asevera, antes de incidir en que «la investigación judicial no puede ser utilizada para hacer una causa general contra el movimiento sindical». Consultado por este periódico, el sindicato rehusó hacer más declaraciones.

Por su parte, Comisiones Obreras (CC OO) también tuvo que pronunciarse sobre los últimos acontecimientos de la investigación de los ERE, ya que la operación de ayer se saldó con la detención del ex secretario de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía Roberto Carmona, así como con el registro del domicilio del ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA) de CC OO en Andalucía, el ya imputado Juan Antonio Florido. En un comunicado revelado ayer, el sindicato muestra su «disposición a colaborar con la Justicia» y critica la «redada mediática» que, a su juicio, se está produciendo. «CC OO reitera su disposición a colaborar, como lo ha venido haciendo hasta ahora, con la Justicia, a la que pide celeridad para esclarecer este asunto, que está provocando una redada mediática sin precedentes», señala.

En el documento, también revela que, en total, la jueza Alaya ha citado a declarar a cuatro personas vinculadas al sindicato y lamenta «la forma» en la que se ha llevado el registro de una de las viviendas, cuando el propietario «ni siquiera se encontraba en ella». Además, recalca que «no ha habido registro policial de ninguna sede sindical» y adelanta que las personas citadas que pertenecen a la organización «serán asistidas legalmente por abogados de su gabinete jurídico». «CC OO confía en la honorabilidad de sus miembros y muestra su convencimiento de que no ha habido ninguna ilegalidad en la defensa de los trabajadores y trabajadoras», concluye el texto.

Con estos argumentos bien aprendidos, el secretario confederal de Organización y Comunicación de CC OO, Fernando Lazcano, llegó a afirmar ayer en Toledo que el «caso de los ERE» está teniendo un tratamiento «más propio de la prensa rosa» cuando, a su parecer, debería tener un enfoque «más riguroso» porque se trata de un «tema suficientemente delicado». También resaltó la disposición del sindicato a colaborar con la Justicia «como lo ha hecho siempre», aunque no desaprovechó la ocasión para exigir «agilidad» en los trámites judiciales cara a «evitar perjuicios mayores», informa Ep.