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Ábalos pide al Congreso que niegue al Supremo la autorización para investigarle: acusa a derecha y ultraderecha de "deslegitimar" al Gobierno

El exministro socialista denuncia una operación contra él para "subvertir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas"

José Luis Ábalos ya intentó frenar su causa en el Tribunal Supremo tras denunciar que había sido investigado por la Guardia Civil de forma ilegal y ahora parece que va a intentarlo de nuevo a través del Congreso. Así se desprende del documento de 88 páginas que ha presentado ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es el órgano parlamentario que tiene que tramitar la autorización del Supremo para investigar al exministro socialista porque está aforado como diputado. La última palabra, no obstante, está en manos del Pleno del Congreso.

En ese documento de 88 páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Ábalos presenta sus alegaciones y pide al Congreso que rechace el suplicatorio. Además, casi todos sus argumentos van dirigidos contra el trabajo de la Guardia Civil durante la investigación que ha llevado a cabo en el marco del «caso Koldo». Así, el exministro socialista llega a tildar las actuaciones de la Benemérita de «maniobras y venganzas de un sector importante de la Guardia Civil». A su juicio, los informes de la UCO tienen «sesgos» y el cuerpo policial tiene una «doble vara de medir» y actúa con «discrecionalidad» para decidir «quién debe ser investigado y quién no». «Siendo juez y parte. Decidiendo arbitrariamente y con un criterio subjetivo y parcial quién debe figurar como investigado y quién no en este procedimiento», afirma.

Con este discurso crítico con la Guardia Civil, muy parecido al que han mostrado los partidos independentistas durante los años duros del «procés» y al que está empezando a adoptar el Gobierno y Pedro Sánchez para defenderse de sus problemas judiciales, parece que Ábalos trata de concitar apoyos en la Cámara para tratar de frenar la investigación que va a llevar a cabo el Supremo si el Congreso lo acaba autorizando, como parece previsible. «Pretendo explicar que estamos ante un procedimiento judicial de motivación política en curso, repleto de irregularidades y que hoy me afecta a mí, pero que mañana algo similar puede afectarle a cualquiera de las diputadas y diputados electos de esta Cámara», continúa el exdirigente socialista.

De hecho, en el informe, Ábalos sale en defensa del Gobierno socialista en varios pasajes y acusa a la «derecha y a la ultraderecha», en referencia a PP y Vox, de estar detrás de toda esta «operación» para tratar de sacar beneficio político y tumbar al PSOE. «Es el conocido método que utilizan las cloacas de los poderes fácticos sirviéndose de mí como instrumento desechable (y por tanto deshumanizado) para acabar con el Gobierno progresista legítimo de España», señala el exministro.

«Es el empeño de la derecha y la ultraderecha en su conjunto en deslegitimar al Gobierno progresista porque entienden que el poder les pertenece, explica lo sucio e irregular de esta operación», insiste Ábalos, quien considera que se han vulnerado sus «derechos políticos», y equipara su situación a «otros casos parecidos» sobre «el espionaje a diputados de Podemos y Sumar», en un guiño a los partidos de Yolanda Díaz e Ione Belarra, que son decisivos en la votación en el Pleno de la Cámara Baja.

Ábalos advierte de que se busca «subvertir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas» para tratar de apelar a la mayoría de la investidura y denunciar que toda la «operación» no solo busca tumbar al Gobierno a través del desgaste, sino que también lo hace a través de la alteración de las mayorías parlamentarias que en esta legislatura son muy estrechas. De hecho, el propio Tribunal Constitucional ya ha definido la finalidad misma de la inmunidad parlamentaria, que está orientada a proteger el funcionamiento del Congreso y del Senado frente a la posibilidad de que otros poderes del Estado puedan alterarlo y ese argumento jurídico podría encajar en el discurso de Ábalos.

Lo cierto es que el suplicatorio está ahora en manos de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que emitirá este martes sus conclusiones y serán elevadas a la Mesa del Congreso para que fije fecha y hora de la votación en el Pleno. En este sentido, el Pleno del Congreso tiene la última palabra y el informe de Ábalos hace guiños tanto al Gobierno del PSOE y Sumar, como a los socios, para tratar de ganarse la confianza y vencer en la votación que impida al Supremo investigarle. El exministro ya ha presentado recursos ante el Supremo para que paralice las actuaciones y ha amagado también con acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales. El Congreso es otra oportunidad más.