Las alusiones al "lawfare" y las comisiones parlamentarias concentran el rechazo generalizado del Poder Judicial

Continúan las reacciones entre los principales actores del Poder Judicial contra los contenidos del pacto suscrito por el PSOE y Junts y la mayor parte de las organizaciones que se pronuncian se suman a la indignación generalizada entre los diferentes actores del sistema judicial español frente al texto que se dio a conocer ayer. De momento, solo el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona se ha desmarcado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su "confianza absoluta en nuestro Poder Judicial que es neutral" y lo calificó como garante de la democracia. Por ello, ha mostrado su "absoluto rechazo" a las referencias al lawfare o judicialización de la política y consideran inadmisible la creación de comsiones porque "pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

Además, recalcó que únicamente mediante recursos jurisdiccionales se pueden revisar las resoluciones de los tribunales "sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado", señalan.

Los jueces decanos de España, que representan a los jueces de los distintos partidos judiciales, han suscrito el comunicado de las principales asociaciones y mostraron su rechazo a las referencias al "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias. Y señalan que las explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Los decanos recuerdan que los jueces solo deben someterse "al imperio de la ley" y coinciden en que este tipo de declaraciones generan "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial", que es independiente y no actúa sometido a las presiones políticas, para lo que cuenta con un sistema de garantías jurisdiccionales que despejan ese riesgo.

En el mismo sentido se han manifestado los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales, que han afeados que se planteen "serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea", advirtieron.

Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido una declaración acordada al final de la jornada de ayer en la que anuncia que "ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes". Junto con calificar de "inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalizan la actuación jurisdiccional", defiende el respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales, destacando el rol del Poder Judicial como como mecanismo de control y contrapeso.

El colegio celebró una sesión extraordinaria para acordar los contenidos de una valoración institucional sobre el pacto suscrito por el PSOE y Junts, un pronunciamiento que justifica al recordar que en sus propios estatutos, incluido el Estatuto General de la Abogacía Española, se contempla la defensa del Estado social y democrático como parte de sus funciones.

En la declaración, el ICAM plantea una férrea defensa de la separación de poderes como eje fundamental de la democracia y recuerda que "sus mecanismos de control y contrapesos imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional"

"El uso del término lawfare", entendido como "instrumentalización de la justicia con fines políticos" referido a los juzgados y tribunales "no tiene cabida en un Estado democrático", ha alertado. "La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados", a quienes hizo un llamamiento a la responsabilidad.

Asimismo, advierte que "la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos" y recuerda que estos textos legales y sus contenidos deben ser asumidos y aplicados y defendidos "por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.