Abogados y procuradores catalanes contra la amnistía saldrán a la calle en Barcelona

Abogados y procuradores catalanes se concentrarán el próximo lunes a las once de la mañana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar por la ley de amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas que garantiza la investidura de Pedro Sánchez.

Según la convocatoria del acto, "numerosos abogados y procuradores de toda Cataluña están desde hace tiempo preocupados por la anunciada ley de amnistía por la vulneración que implica de los principios esenciales de todo Estado de Derecho: el principio de legalidad, la igualdad ante la ley y la separación de poderes".

En ese escrito en el que instan a sumarse también a la protesta "a todos los operadores jurídicos", los convocantes señalan que "todas las alarmas se han disparado al darse a conocer el acuerdo de investidura" entre el PSOE y Junts el pasado jueves. "Ese descontento e indignación -añaden- que se ha expresado en distintos foros y en redes ha ido in crescendo" y "para canalizar esta profunda preocupación" por la anunciada ley, que según denuncian atenta contra "la esencia de las profesiones jurídicas", han elaborado un manifiesto "al que todo operador jurídico puede adherirse.

Ese manifiesto alerta del "grave deterioro institucional que puede suponer" la aprobación de la medida de gracia, cuya aplicación consideran que "vulnera flagrantemente la Constitución", en cuanto propugna "como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", y "ataca los principios esenciales del Tratado de la Unión Europea".

"Tratan de politizar la Justicia"

Según denuncian, los acuerdos con el independentismo "ponen en grave peligro el funcionamiento del Estado de derecho" en la medida en que "tratan de instrumentalizar y politizar la Justicia mediante una deslegitimación de sus integrantes".

"Como operadores jurídicos que desarrollan su actuación fundamentalmente en Cataluña", aseguran, "rechazamos de manera tajante las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacía el poder judicial, en cuanto ello supone un ataque a su independencia".

En esa misma línea, los convocantes niegan la existencia de una "persecución política desde el poder judicial contra el separatismo" y reiteran que en los procedimientos judiciales "se investiga la comisión de delitos y no se juzga la ideología de los autores de los hechos".

Por eso rechazan la concesión de amnistía "a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes" en tanto en cuanto otorga "espacios de impunidad a personas por su ideología", un "trato privilegiado contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos".

"Acabará con la separación de poderes"

Como ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial y con las asociaciones judiciales y fiscales en bloque, a estos letrados críticos con la amnistía les parece "especialmente grave" que en los acuerdos de investidura "se siembre la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora" mediante la apelación al "lawfare", condicionando la aplicación de la ley penal "a la supervisión parlamentaria a través de comisiones de investigación".

La materialización de ese acuerdo "sin precedentes en la Unión Europea", vaticinan, "acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la clase política".

El paso al frente de este grupo de letrados se produce después de que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) declinara -a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)- pronunciarse sobre la futura ley de amnistía esgrimiendo que no se incluye entre sus funciones adoptar "posicionamientos públicos" sobre hechos de naturaleza política.

El ICAB se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo que establece que una corporación de Derecho Público "representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas".

Sin embargo, letrados disconformes con ese silencio del ICAB consideran que de esta forma incumple los estatutos del Colegio, al negarse al defender el Estado de derecho, como le obliga el artículo 9. a) de su normativa de funcionamiento.