Abrumador apoyo a la huelga de jueces en la APM: más del 80% respalda el paro frente a las reformas del Gobierno

La gran mayoría de los jueces pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) respalda ir a la huelga ante la negativa del Gobierno a modificar la reforma de acceso a la carrera judicial. Según ha podido saber LA RAZÓN, la consulta interna que ha llevado a cabo la principal asociación de jueces -cuya votación concluyó ayer- ha concluido de forma abrumadora a favor de la huelga, que apoya más del 80 por ciento de los magistrados consultados. Los datos definitivos, no obstante, se darán a conocer por parte de la AMP la próxima semana.

Esta consulta se produce después del paro del pasado día 11 -respaldado por la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales, en pie de guerra también por la reforma del Ministerio Público, que consideran que refuerza al fiscal general debilitando al Consejo Fiscal- y de que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté dispuesto a escuchar las objeciones de ambas carreras a esas modificaciones legales.

Tras esa jornada de protesta, que según las asociaciones convocantes fue secundada por el 70% de jueces y fiscales, reiteraron sus denuncias sobre "la gravedad de las reformas legislativas", que según insistieron "ponen en entredicho principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal". Al mismo tiempo, volvieron a poner de relieve el "profundo malestar existente en nuestras carreras ante unas reformas que se están tramitando por vía de urgencia, sin diálogo y de forma unilateral".

Consulta a las bases

Ese apoyo masivo al paro -señalaron en un comunicado la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- evidenció "la determinación del colectivo y su compromiso con una Justicia independiente, de calidad y al servicio de los ciudadanos".

Tras el "éxito" del paro, anunciaron que cada una de la asociaciones convocantes pondrían en marcha un proceso de consulta a sus respectivas bases "con el fin de valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal". Y avisaban de que si ese respaldo mayoritario se confirma con esas consultas, procederían a "convocar la huelga, como medida legítima, responsable y proporcionada frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".

Una huelga que, precisaron, "responde al convencimiento de que, ante la persistencia de reformas que erosionan pilares esenciales del sistema judicial, es necesario mantener y, en su caso, intensificar la respuesta institucional, siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a los cauces democráticos".

En el manifiesto que se leyó frente a las sedes judiciales el pasado miércoles, las asociaciones convocantes alertan de que la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

Riesgo de "selección ideológica" de jueces y fiscales

Los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras -se quejan- eliminan "contenido esencial para nuestra formación" e introducen "pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Además, añaden, "se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Asimismo, consideran que "poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

En cuanto a la reforma de la Fiscalía, sostienen que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

"Continuo ataque al Poder Judicial"

Unas reformas que, lamenta, se producen "en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".

Esos cambios legales, advierten, van encaminaos a "convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", por lo que exigen la retirada inmediata de ambos proyectos legislativos.