El TC acelera con los flecos de la amnistía pendiente de la Justicia Europea

El Tribunal Constitucional retomará en septiembre los recursos pendientes contra la ley de amnistía. Aunque el Pleno ya avaló la norma al imponerse la mayoría progresista, todavía quedan por abordar los recursos planteados por una decena de comunidades autónomas, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y los recursos de amparo de los líderes del procés.

Fuentes del tribunal de garantías consultadas por LA RAZÓN precisan que se acelerará con la resolución de estas cuestiones, si bien en lo que respecta a los recursos de amparo el asunto puede demorarse más. De hecho, no se prevé que se dé respuesta a los reclamos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas al menos hasta finales de año; máxime porque primero hay que resolver sobre las recusaciones planteadas contra el magistrado José María Macías.

Lo relativo a los recursos de amparo es especialmente importante para los líderes de Junts y de ERC ya que obliga al Tribunal Constitucional a pronunciase sobre la no aplicación en el Supremo de la ley de amnistía al delito de malversación. Cabe recordar que el tribunal de garantías se ha pronunciado hasta el momento sobre el recurso del Partido Popular, que no hizo mención alguna a la malversación con los gastos del procés. Por ello, la sentencia se centró en avalar la polémica norma, su "finalidad legítima" y su encaje en la Constitución.

Las dudas del Supremo

Sin embargo, al PP le siguieron otras quince comunidades de su mismo signo, además de Castilla-La Mancha, que tildaron la norma de inconstitucional. El primero de los recursos en estimarse a trámite fue el de las Cortes de Aragón, cuya ponencia recayó sobre la magistrada del sector progresista Laura Díez.

Con todo, se prevé dar prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. La Sala Segunda expuso en julio del año pasado que la amnistía vulnera el principio de igualdad ante la ley. La cuestión se planteó en el marco del estudio de un recurso interpuesto por un condenado por desórdenes públicos con motivo de los altercados producidos en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés.

Sin embargo, el aval dado hasta ahora por el TC de Cándido Conde-Pumpido es insuficiente para los líderes de Junts y ERC. El hecho de que el Tribunal Supremo mantenga el delito de malversación para Oriol Junqueras se traduce en que seguirá inhabilitado hasta 2031 y, por lo tanto, no podrá volver a primera línea política. Lo mismo ocurre con Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, también condenados por este tipo penal en 2019.

La amnistía de la malversación, clave

En lo que respecta a Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín -que fueron procesados en rebeldía- la acusación por este delito permite mantenerles las órdenes de detención nacional. Cabe recordar que Llarena, en consonancia con el tribunal del procés, entendió que la medida de gracia no podía aplicarse a la malversación porque los procesados incurren en las dos excepciones que contempla la ley para su aplicación: que los actos se realizaran con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

Así pues, el mantenimiento de las órdenes nacionales de detención es lo que realmente afecta a Puigdemont ya que ello implica que sería detenido si pisa suelo español. Por ese motivo, para los líderes del procés es determinante la respuesta que dé el TC de Conde Pumpido sobre la malversación.

Al respecto, las fuentes consultadas indican que casi con total seguridad el TC no se pronunciará sobre la malversación hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por diferentes órganos españoles a la ley de amnistía. El primero en recurrir a la Justicia europea fue el Tribunal de Cuentas, que planteó que la amnistía por el desvío de fondos públicos podría vulnera los derechos comunitarios. De hecho, paralizó la sentencia por la vista celebrada en en mayo de 2024 a la espera de su respuesta.

Pendientes de la Justicia Europea

A este se adhirió la Audiencia Nacional, que planteó su cuestión en el marco del procedimiento de los CDR al considerar que la amnistía al terrorismo vulnera la Directiva de la UE sobre este grave delito. Además de ellos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo lo propio en el marco del procedimiento abierto contra los cerebros del 1-O (José María Jové y Lluís Salvadó) y también un juzgado de Vilanova i la Geltrú que instruyó un procedimiento por desobediencia del procés.

Una vez celebrada la vista, el TJUE trabaja ya en su resolución que se prevé que se conozca antes de que termine el año. Lo que dictamine sobre la malversación y la afectación de los intereses financieros de la Unión Europea es determinante tanto para el Tribunal Supremo como para el propio Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el TC tiene en su mano avalar los reclamos de Puigdemont y el resto de condenados y considerar aplicable este delito o bien, por el contrario, abrazar las tesis del Tribunal Supremo.

En caso de que continúe la senda marcada por la mayoría progresista y se dé razón al independentismo, el Tribunal Supremo tendría que aplicar lo dictaminado por el TC e incluir también la malversación en la amnistía. No obstante, el alto tribunal podría dilatar este dictamen si plantea cuestión prejudicial al TJUE. Hasta el momento el alto tribunal solo ha planteado cuestión de inconstitucionalidad en el TC, pero no ha recurrido a la Justicia europea.

El motivo reside en que no vio que la redacción de la ley dé cobijo a la amnistía de la malversación del dinero público desviado para el procés y, por eso, no la aplicó. Por ese motivo, se prevé que el alto tribunal acuda a Europa si el TC fuerza su inclusión. Ello implicaría que el independentismo tendría que aguardar al menos medio año más para tener respuesta sobre una aplicación total de la norma.