Acoso, desamparo, presión: licenciados en independencia

Los rectores instan a los profesores a suspender las clases mientras un grupo de 800 docentes carga duramente contra las facultades por su apoyo a los condenados por el «procés».

Los rectores instan a los profesores a suspender las clases mientras un grupo de 800 docentes carga duramente contra las facultades por su apoyo a los condenados por el «procés».

Acoso, presión insoportable, desamparo, nula promoción. Así se sienten los profesores no independentistas que trabajan en universidades y centros educativos en Cataluña. Para muchos la presión es asfixiante. Desde hace años, la maquinaria de catalanización funciona a todo ritmo. Prueba de ello son los jóvenes adolescentes que estos días protagonizan la violentas protestas contra la sentencia del «procés» y que ayer bloquearon los accesos y protagonizaron enfrentamientos en el marco de la huelga indefinida de universitarios que iniciaron ayer. Son los hijos del llamado «Programa 2000» que ideó Jordi Pujol a finales de los años 90 que pivotaba en torno a la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo.

El profesorado está jugando un papel clave en el proceso de adoctrinamiento social de la sociedad catalana. Cualquier ciudadano puede ignorar la televisión, la radio o la prensa, pero pasará necesariamente catorce años en un colegio y al menos cuatro en una universidad. En la Cataluña nacionalista del siglo XXI, «la Universidad está de rodillas ante el procés», denuncia a LA RAZÓN Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Funcionaria del Estado, con experiencia en profesional en tres universidades catalanas, es la primera firmante de la carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas en la que expresan su firme rechazo al manifiesto que los claustros de estas universidades a raíz de la publicación de la sentencia del «procés». «Me parece surrealista. En democracia estas cosas chirrían mucho. Que una universidad, en un tema con tanta controversia social, pretenda decir que todas las universidades piensan lo mismo, me parece tremendo», explica en una entrevista telefónica.

Según describe, con el estallido del «procés» la presión sobre las universidades se incrementó considerablemente y de un tiempo a esta parte se han ido haciendo declaraciones y pronunciamientos políticos desde los órganos de gobierno de los centros universitarios. «Hay un intento de que las universidades se vayan posicionando en la línea de la tesis nacionalista», denuncia.

Testigo directo de lo que ocurre en las aulas, Isabel explica que sus clases las imparte en español y sus alumnos tienen «todo su derecho» a expresarse en catalán o en español. «Nunca he tenido ningún problema en ese aspecto», asegura. El modelo de inmersión lingüística en Cataluña, que obliga a los centros públicos y concertados a usar el catalán como lengua de enseñanza solo se aplica en primaria y secundaria, no en la universidad.

La crispación y el enfrentamiento entre independentistas y constitucionalistas es palpable en las facultades. «Yo he visto agresiones tremendas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cada que vez que los jóvenes de Sociedad Civil Catalana intentaban hacer cualquier acto, repartir folletos o charlas estos encapuchados que ahora están reventando las clases, les rodeaban, les llamaban fascistas y llegaron a poner mesas en el Campus recogiendo firmas para expulsarles», describe. Los jóvenes agredidos por los independentistas a los que se refiere Isabel son los mismos que han fundado el colectivo S’ha Acabat que hartos de la situación de dominio de la tesis independentista en los órganos estatales, pretenden que el constitucionalismo deje de estar invisibilizado en las calles y plazas de Cataluña.

Isabel está sorprendida porque se refieran como huelga a los paros que están realizando los estudiantes. «Para que haya huelga tiene que haber un contrato», dice. Muestra su incredulidad ante la posibilidad de que los órganos de gobierno de las universidades modifiquen los criterios de evaluación con el objetivo de facilitar la mal llamada huelga. «El Plan Bolonia nos exige una evaluación continua», recuerda.

Por otro lado, esta profesora con experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Ramon Llul y Universidad Abad Oliva CEU de la comunidad catalana detecta que en las universidades se está diseñado un sistema o política de contratación que dificulta extraordinariamente la contratación de profesorado de fuera de Cataluña. «A las mismas categorías profesionales se le pone una categoría distinta, dibujando un cuerpo de profesores diferente al del resto de España», critica.

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer la situación que se vive tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés» que está provocando que muchos docentes y alumnos sufran «presión y acoso» desde los sectores independentistas. «La presión ahora es insoportable para aquellos que no comulgan con las tesis independentistas, se callan, no dicen nada por miedo a las represalias», aseguró en declaraciones a LARAZÓN.

Mientras que «los que tienen la fuerza de decir algo sienten presión, sobre todo en el silencio ante ellos y la nula promoción profesional que tienen en su centro educativo», algo que para el representante de CSIF es «bastante fuerte».