En los últimos días, una heladería del barrio de Gràcia, en Barcelona, ha sido noticia a nivel nacional. Los hechos no surgieron por iniciativa de sus dueños, sino que fueron provocados por supremacistas que defienden una Cataluña exclusivamente en catalán y camuflan sus acciones como defensa de una lengua «en peligro de extinción».

El incidente comenzó cuando la novia de un concejal de ERC del Ayuntamiento de Barcelona pidió un «gelat de maduixa» y la dependienta no entendió a qué se refería. A partir de ahí se produjo una discusión. Las versiones del dueño y de la clienta son opuestas. Según el propietario, indicó a su trabajadora que «maduixa» significa fresa y se disculpó ante la clienta por su poca experiencia en Cataluña. La clienta respondió con un «pues aquí hablamos catalán», y el heladero replicó: «Y también hablamos castellano, estamos en el Reino de España», lo que la clienta consideró todo un insulto.

El concejal Guillem Roma eligió la red X para denunciar este supuesto caso de discriminación lingüística. Sabía lo que hacía y encontró el objetivo que buscaba: señalar al comercio. En pocas horas, apareció vandalizada y con miles de reseñas negativas en Google. La heladería, sin embargo, cumple con la normativa catalana: la carta de productos y el rótulo están disponibles en catalán, aunque Roma, casualmente, adjuntó solo la imagen del rótulo en español para argumentar la supuesta catalanofobia. Según datos de la Agencia Catalana de Consumo, entre 2022 y 2024 se registraron más de 4.000 denuncias a comercios en Cataluña, transformadas en sanciones por casi 400.000 euros (393.803 €).

La mayoría de estas multas se debe a que la rotulación aparece solo en castellano; otras se aplican cuando el dependiente solicita al cliente que hable en español. En algunos casos, se han impuesto hasta diez mil euros de multa a un solo establecimiento. La normativa prioriza los derechos de los consumidores catalanohablantes, ya que exige que la rotulación y la información de los productos estén en catalán y que la atención sea posible también en esta lengua. No se sanciona la ausencia de español. Esto implica que un ciudadano puede denunciar un comercio que no use el catalán, pero tendría muchas más dificultades para presentar una denuncia si no se usa el castellano, ya que la normativa protege principalmente al consumidor catalanohablante. Y sí, hay establecimientos que solo rotulan y atienden en catalán, o en catalán y en inglés. Ante esta situación, la asociación Impulso Ciudadano llevó el caso al Parlamento Europeo. En julio, tres expertos de distintos países, incluida la catedrática de Derecho Administrativo Nuria Magaldi, concluyeron que la normativa catalana es incompatible con el Derecho Europeo, al imponer a los ciudadanos la obligación de usar una lengua en el ámbito privado. De nuevo, hay que recurrir a Europa ante la inacción de la política española.

El caso de la heladería no es aislado. Con frecuencia, un tuit o publicación pone en la diana a un comercio, generando reseñas negativas, insultos, amenazas y, en ocasiones, vandalismo.

Estas acciones cuentan con el respaldo de asociaciones independentistas como ANC, Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, así como de partidos y activistas políticos que participan en el señalamiento o no condenan los actos vandálicos. Incluso filólogos y profesores universitarios han declarado ante los medios que «hay que llevar al conflicto la ausencia del catalán».

Figuras públicas han reforzado estas posturas. Antonio Baños, exmiembro de la CUP, calificó a la heladería como «enemigo»; Toni Albà, humorista habitual en TV3, califica como «colonizadores» a quienes defienden la igualdad de derechos entre catalanohablantes y castellanohablantes; y Carles Puigdemont, siempre con tiempo para llamar a la hispanofobia, describió por su parte el suceso como un ejemplo de «violencia lingüística».

Mientras tanto, autoridades como el Defensor del Pueblo, el presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona o algún ministro no han intervenido públicamente contra estas campañas de incitación al odio, dejando en total indefensión a comercios y trabajadores.

Es evidente que estas acciones buscan identificar a la lengua española y a sus hablantes como enemigos del catalán, usando además términos que animan a la violencia. Sospechosamente, los mismos que niegan la existencia de un conflicto lingüístico en Cataluña participan de manera activa o con su silencio en el señalamiento a negocios y trabajadores, sin mencionar a las asociaciones que reciben subvenciones y minutos en la televisión pública.

Siempre insisto que, si en Cataluña el conflicto no ha ido a mayores, es porque en el otro lado del espejo no hay nadie que caiga en sus provocaciones constantes y en prácticas propias del fascismo de los años 30. La prueba es que, al día siguiente del inicio del acoso, la heladería tenía una cola interminable de clientes pidiendo helados y mostrando su solidaridad. Es nuestra única forma de defender nuestra posición ante la indefensión institucional.