El acuerdo entre PSOE y Junts, de forma inminente

La semana pasada estuvo llena de sorpresas. El jueves el PSOE cerraba su acuerdo con ERC y los republicanos sacaron pecho por el acuerdo alcanzado. Ley de amnistía, traspaso íntegro de cercanías de Renfe y condonación del 20% de la deuda proveniente del FLA. En Bruselas, Carles Puigdemont lo tenía todo preparado. Cónclave de la cúpula de Junts y sala de prensa preparada. Todo se torció en unas horas, según dijeron, porque surgieron unas supuestas diferencias técnicas y jurídicas sobre el alcance de la medida de gracia. Sin embargo, la realidad era que Junts quedaba en situación de desventaja con respecto a ERC y los junteros no se lo pueden permitir porque el pulso entre los dos partidos independentistas está más álgido, y cainita, que nunca.

Ante el nuevo escenario, Junts plegó velas y todo se retrasó, pero nada se rompió. Santos Cerdán, de nuevo en Bruselas, retomó las negociaciones que han sido intensas este fin de semana. Y ayer volvieron a viajar a Bélgica el portavoz parlamentario de Junts, Albert Batet, y el secretario general del partido, Jordi Turull. Según fuentes conocedoras de la marcha de la negociación el acuerdo si ya no está cerrado es inminente. Este es el mensaje que Junts está trasladando a destacados miembros de la sociedad civil catalana. “Solo falta decidir el día”, añaden.

La fecha puede ser cuestión de horas. Lo sucedido la semana pasada en el mundo judicial no pasó desapercibido ni en PSOE ni en Junts. Los movimientos en el Consejo General del Poder Judicial para forzar un pleno donde se rechace la amnistía; el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura que calificó la ley de Amnistía como “el principio del fin de la democracia”, sin conocer el texto dejó claro que es una cuestión de principios y de posicionamiento político; la Audiencia Nacional envió a juicio el caso CDR por terrorismo y la Guardia Civil concluyó su informe del caso Tsunami. Estos dos últimos movimientos se producen el mismo día después de más de cuatro años de investigaciones.

En el plano político el PP ha redoblado la ofensiva y en las redes sociales los diputados socialistas son señalados y se producen manifestaciones y pintadas en las sedes socialistas. Aun así, la militancia del PSOE dio un amplio respaldo a Pedro Sánchez. El porcentaje de voto en contra más alto se ha producido en Castilla La Mancha aunque el presidente García Page no superó el 20% de partidarios a su "no" a la ley. En Extremadura donde Rodríguez Ibarra se ha implicado de lleno apenas superó el 13% y en Andalucía, donde el predicamento de Felipe González y Alfonso Guerra es innegable, se quedó en un escuálido 11%.

Todos estos detalles no han sido pasados por alto en Waterloo. En las últimas horas el debate se centraba en afinar los detalles jurídicos porque nadie tiene dudas de que el PP y Vox, con el apoyo de una buena parte de la judicatura conservadora, llevará la ley al Tribunal Constitucional. Por eso, el debate entre Junts y PSOE es jurídico para cerrar posibles vías de agua por un lado, y político para que Puigdemont pueda presentar el acuerdo como la garantía de que no se dejará fuera “a ningún soldado”, como definió en una carta a la militancia Jordi Turull.

Entre estos soldados no figura ni Jordi Pujol, ni Laura Borràs, presidenta del partido, porque sus casos son de corrupción, ni tampoco el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, implicado en un caso de blanqueo de capitales. A pesar de todo nadie se atreve a aventurar el “momentum” del acuerdo que podría cerrarse en las próximas horas. Las fuentes consultadas con toda prudencia dan por perdida esta semana “en principio” y fían el pleno para los días 14 y 15 de noviembre.