Las acusaciones piden analizar las cuentas bancarias de Begoña Gómez

Las acusaciones populares del "caso Begoña Gómez" han pedido al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que ordene a la UCO proceder al análisis de todas las cuentas bancarias de la mujer de Pedro Sánchez en lo referente a los extractos de los últimos cinco años, así como las empresas en la que ejerza de administradora o tenga participaciones.

Las acusaciones unificadas, que conforman Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y MRPE, ponen el foco en las sospechas de que Begoña Gómez habría accedido al puesto de directora del África Center del Instituto de Empresa (IE) en agosto de 2018, ni tres meses después de su creación, "por ser la esposa del presidente del Gobierno" y en consideración de su "perfil público" y "conexiones políticas".

No descartan que, de demostrarse, constituya un "abuso de poder" y apoyan estas "dudas legítimas" en que se le asignó el puesto de forma "posterior" a la creación del IE África Center, "también de nueva creación", y no constando públicamente "que Gómez constase con una trayectoria profesional reconocida en el ámbito educativo y desarrollo de África".

Quieren que sea interrogado, en relación a esto, el que fuera secretario de Estado de España Global con Pedro Sánchez en la presidencia Manuel Muñiz como presunto nexo entre el IE y el Gobierno. "Teniendo en cuenta que es durante los años en los que Muñiz ostentó el decanato (del IE) cuando Begoña Gómez pasó a formar parte de la dirección del África Center", se apunta.

Reclaman, por otro lado, al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que requiera a la compañía de seguros Reale distinta documentación sobre su papel como patrocinadora de la cátedra de Gómez en la UCM.

Así, quieren que se obtengan los documentos en los que se sostuvo la decisión de su consejero delegado, Ignacio Mariscal, de que la compañía se convirtiese en financiador de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

También los correos, si los hubiese, entre Mariscal y el corredor de seguros amigo personal de Pedro Sánchez, David Sanza, al que se le ha señalado como el supuesto intermediario para este fin, y los de la propia Begoña Gómez con los órganos de dirección de la Complutense relativos a la tramitación del patrocinio de Reale.

Quieren, asimismo, que el juez Peinado cite a declarar como testigo al propio David Sanza y a Isabel García-Lomas, que fue profesora en dos ediciones del máster que la mujer del presidente codirigía y trabajó para el grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, otro de los imputados en este procedimiento por tráfico de influencias y corrupción en negocios.

Además de que, como ya se había pedido, se insta a que Reale "confirme la identidad de las personas", tres, que fueron nombradas por Mariscal durante su interrogatorio y que identificó como parte del departamento de sostenibilidad de la aseguradora.

Han entregado, a la vez, al juez instructor la documentación de los expedientes de la Oficina de Patentes y Marcas relativa al software que habría inscrito la esposa del presidente del Gobierno como prueba de las acusaciones de que pudo haber una apropiación indebida de un software que se creó para el master y cuya titular, sostienen, es Gómez. Pero también todo lo que engloba a la patente de la marca "TSC transformación social competitiva" y "TSC Transforma Plataforma de medición de impacto Social y medioambiental".

En este sentido, ofrecen al magistrado un tercer documento, el justificante de titularidad del dominio dos dominios a nombre dela mujer de Pedro Sánchez y relacionados directamente con el master y la cátedra: tranformacionsocialcompetitiva.com y transformacionsocialcompetitiva.es

Todas estas diligencias que solicitan, algunas de ellas ya pedidas sin que se llegasen a ordenar, a raíz de "las últimas noticias conocidas" que afectan a la causa. En un momento en que la Audiencia Provincial ha solicitado al juez Peinado que le haga llegar de una copia del conjunto de la instrucción llevada a cabo hasta ahora para evaluar si se procede al archivo del procedimiento judicial contra Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la UCM, Joaquín Goyache.