Las acusaciones reclaman a Peinado que ordene a la UCO investigar el borrado de la web de Begoña Gómez

Las acusaciones populares del "caso Begoña Gómez" han solicitado al juez, a instancias de Hazte Oír, una batería de diligencias para intentar arrojar luz sobre la posible apropiación indebida que el juez imputa ahora también a la esposa de Pedro Sánchez por el desarrollo del software desarrollado en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Entre otras medidas -como una nueva declaración del rector, Joaquín Goyache, y del exvicerrector Juan Carlos Doadrio-, instan a Juan Carlos Peinado a ordenar a la UCO que investigue el borrado de la web de la empresa creada por la esposa de Pedro Sánchez, TSC, para ofrecer a otras sociedades esa herramienta digital para medir el impacto de esos objetivos de transformación social que marca la agenda 2030.

La acción popular -que aglutina además a Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España- ya alertó al juez el pasado día 3 de que ese borrado podía ser una maniobra para "eliminar pruebas", dado que la plataforma se desactivó "solo dos días después de haberse conocido la decisión" de la Audiencia Provincial de Madrid en la que instó a Peinado a asumir la querella de Hazte Oír por apropiación indebida.

En el escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ven necesario que la sección de delitos telemáticos de la Guardia Civil especifique las "características técnicas del borrado de la plataforma transformatsc.org" y que los agentes lleven a cabo un análisis "pormenorizado" para determinar "el modo de borrador y localización del usuario que lo realizó".

En ese escrito también se pronuncian sobre la citación de Begoña Gómez el próximo 18 de noviembre, cuando el juez la ha emplazado para entregarle en mano la querella de Hazte Oír recientemente admitida a trámite, por la que le imputa dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional. Según exponen, "para evitar dilaciones indebidas o tentaciones de utilizar argucias procesales para retrasar las actuaciones" (la esposa de Pedro Sánchez esgrimió ante el juez en su primera comparecencia que desconocía una ampliación de la denuncia inicial, lo que motivó la suspensión de su declaración) Peinado debe notificarle en persona no solo esa querella, sino también dos ampliaciones posteriores para evitar que "intente nuevas eventuales suspensiones alegando indefensión". Esos dos escritos hacen referencia al borrado de su web y a la participación de otras dos empresas, Making Science Group y Deloitte Consulting "en la elaboración de la Plataforma Digital de Impacto Social". Hazte Oír señaló respecto a esta última que antes de ser adjudicataria del contrato para la terminación de la plataforma se le adjudicó en la UCM un servicio de "asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa".

Al igual que en el caso de Begoña Gómez, abogan por dar traslado de la querella "de modo fehaciente" tanto a Goyache como al empresario Carlos Barrabés, a quien la esposa del jefe del Ejecutivo avaló por escrito en adjudicaciones de Red.es cuando el organismo público dependía del Ministerio de Economía.

Las acusaciones quieren que vuelvan a declarar el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, actualmente imputado y que ya ha comparecido en dos ocasiones ante el instructor (la primera como testigo), para que sea interrogado en relación al software por el que Begoña Gómez está investigada por apropiación indebida. Además, el escrito incide en la necesidad de que "para evitar dilaciones" sea citada el mismo día que la esposa de Pedro Sánchez.

Entre la batería de diligencias impulsadas por Hazte Oír -cuya querella ha propiciado que el juez Peinado amplíe la lista de delitos por los que investiga a la esposa del presidente del Gobierno- figura también la citación como testigo del exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, a quien Goyache encargó la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez. En este caso, el objetivo es que aporte "los correos electrónicos que mencionó él mismo que posee y que guardan relación con la cátedra así como los mensajes o comunicaciones que pudieran seguir en su posesión al respecto".

Asimismo, las acusaciones populares instan al magistrado a que acuerde la citación como testigos de los responsables de seis empresas -Indra, Telefónica, Google, Human Age, Deloitte y Manpower Group- que patrocinaron o se involucraron en dicha cátedra o en el desarrollo del software bajo sospecha.

A todas estas sociedades solicitan que se requieran "todos los informes de evaluación y auditoría relacionados con el software desarrollado", así como que expliquen "los criterios seguidos y la documentación interna relacionada con el proyecto, incluyendo propuestas, contratos, e informes de progreso".

Entre esta panoplia de diligencias hay otra petición de información, esta relacionada con el borrado de la web a nombre de la empresa de Begoña Gómez, TSC, pues las acusaciones quieren que la Complutense "aclare de manera oficial" si la universidad era la titular de ese sitio web.

Además de solicitar que la UCO aclare las circunstancias del borrado, las acusaciones populares instan a Peinado a solicitar a Arsys Internet SL la documentación sobre el registro de esa plataforma y los correos que haya intercambiado sobre esa tramitación.

Para acreditar que Begoña Gómez inscribió a su nombre la empresa Transforma TSC, piden asimismo al instructor que reclame a esta sociedad las notas registrales que detallen "su constitución, estructura y cualquier modificación relevante que haya podido tener en el registro".

Igualmente, quieren que se ponga a disposición del juzgado el expediente completo que consta en la Oficina Española de Marcas y Patentes tanto sobre Transforma TSC como en relación a TSC Transformación Social Competitiva.