Administración de Justicia bajo cero

Nuestra Administración de Justicia lleva décadas siendo la gran olvidada en nuestro país.

Si normalmente ya resulta difícil defender cualquier huelga, y más si ésta afecta a un servicio público esencial como es nuestra Administración de Justicia, hacerlo ahora, con un clima más que enrarecido por la pésima gestión de un sector del Tribunal Supremo en el tema de los impuestos de las hipotecas y por el insatisfactorio sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, puede resultar a primera vista una pirueta casi imposible.

Verán que no es así.

Nuestra Administración de Justicia lleva décadas siendo la gran olvidada en nuestro país; se han invertido miles de millones en la gestión de los impuestos, se ha colocado a la Sanidad a la cabeza de Europa y, en cambio, la Justicia sigue teniendo el mismo diseño que tenía en el siglo XIX y la inversión realizada no guarda ninguna proporción con el incremento de asuntos que han ingresado en nuestros tribunales durante los últimos diez años.

Es triste comprobar como en el año 1997 se publicó el Libro Blanco de la Justicia, la mejor radiografía realizada hasta la fecha sobre el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, y transcurridos más de 20 años muchas de las recomendaciones recogidas en dicho Libro siguen pendientes de ser implementadas.

Poco tiempo después, en concreto en el año 2001, se habló de la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado para reformar nuestra Justicia; muy buenas palabras, repetidas sin excepción por todos aquellos que han ejercido funciones de gobierno, sin que hasta la fecha haya sido posible obtener un consenso que nos permita alcanzar esa ansiada reforma y sin que tampoco con el actual Gobierno se pueda ver un nuevo horizonte al respecto.

Muchos de vdes. pensarán que ese mal funcionamiento no les afecta, ya que, con un poco de suerte, nunca tendrán que acudir a los juzgados en reclamación de sus legítimos derechos. Permítanme decirles con todo respeto que se equivocan: la respuesta tardía de nuestros tribunales provoca inseguridad jurídica, encarece los créditos e impide la creación de nuevas empresas, por citar sólo unos cuantos ejemplos que se derivan de una justicia ineficaz y ante los que nadie puede permanecer ajeno.

Sin duda alguna las soluciones no son fáciles, especialmente si se tiene en cuenta que tres de los principales componentes de un órgano judicial, es decir jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios dependen de diferentes instituciones: los primeros del Consejo General del Poder Judicial, los segundos del Ministerio de Justicia y los últimos, de las respectivas CC AA con competencias transferidas en materia de justicia. Parece una Torre de Babel en la que, además, cada CC AA tiene un diferente sistema informático de gestión, con lo que la coordinación no es tarea fácil aunque, con un poco de esfuerzo, no ha de resultar imposible. En todo este escenario que les describo parece como una especie de milagro que diariamente se imparta justicia en nuestro país; son millones de sentencias las que se dictan anualmente gracias al esfuerzo de infinidad de jueces y funcionarios, que con pocos medios y mucha vocación, con escaso reconocimiento profesional y económico, llevan años soportando la incapacidad de nuestros legisladores para abordar una reforma inaplazable para todos.

Vuelvo al inicio: es verdad que la huelga convocada por los jueces y fiscales para hoy, de la que ya tuvimos un primer capítulo el pasado viernes con el parón parcial de secretarios judiciales y funcionarios, no llega en el mejor momento para que sea comprendida por la ciudadanía.

Quizás sería necesario, y lo digo con todo el respeto, que los jueces y fiscales fuesen conscientes de que ellos, al igual que sucede con otros sectores profesionales, también necesitan hacer una labor didáctica de cara a la opinión pública acerca de cuál es la situación en la que diariamente deben impartir justicia. Un primer paso sería demostrar a la sociedad que la media española de jueces por número de habitantes es de las más bajas de Europa y en cambio el índice de litigiosidad, de lo más altos. Pero esta situación coyuntural de mala imagen de la justicia, de la que algunos de nuestros políticos quieren sacar tajada, no debería hacernos perder la urgente necesidad de abordar cuanto antes una seria reforma –no meros «parcheos»– de nuestra Administración de Justicia. Está claramente demostrada la estrecha relación entre el funcionamiento de la justicia en un determinado país y su crecimiento económico.

No nos quedemos con los titulares de una determinada sentencia o con la habitual discusión cada cinco años sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; vayamos mucho más allá, pues la justicia del día a día es mucho más compleja y necesita de la urgente implicación por parte de todos: operadores jurídicos y, por supuesto, de la ciudadanía.