Tribunales
El TC admite el recurso del PSOE contra la reforma del PP en el Senado para retrasar la amnistía
La modificación del Reglamento aprobada por la mayoría absoluta del PP permite a la Cámara Alta decidir si una proposición de ley se tramita de forma urgente
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra la reforma aprobada por el PP en el Senado para retrasar la tramitación de la proposición de ley de amnistía. Así lo ha acordado el Pleno de la corte de garantías, que analizará así si esa reforma del Reglamento de la Cámara alta, aprobada por mayoría absoluta por los senadores del PP, es acorde o no a la Carta Magna.
La modificación reglamentaria permite al Senado decidir si tramita una proposición de forma urgente, para lo que cuenta con un plazo de 20 días, o no, en cuyo caso dispone de dos meses para esa tramitación. Acordada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado 14 de noviembre, prolongará la tramitación de la ley de amnistía, que está previsto que entre en vigor la próxima primavera.
Cincuenta senadores socialistas recurrieron ante el TC esa reforma -que modifica los artículos 133 y 182 del Reglamento-, que deja en manos de la Mesa del Senado la decisión autónoma sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, incluso en el caso de que hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.
El PSOE alega que la modificación reglamentaria puede vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución, que estipula que "el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados".
Asimismo, entienden que la tramitación de la reforma aprobada por el PP en el Senado habría prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento de la Cámara Alta, lo que según su criterio acarrearía la invalidez de la reforma en su integridad. Extremo este sobre el que ahora tendrán que pronunciarse los magistrados del Tribunal Constitucional.
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