Alaya abre otra investigación que apunta a los sindicatos

La jueza que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha decidido incoar nuevas diligencias previas tras examinar un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 12 de marzo. Según Alaya, del «mentado oficio se deduce la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa –de los ERE–», según consta en un auto fechado el 12 de septiembre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La magistrada acuerda «deducir testimonio de las actuaciones practicadas dentro del secreto acordado por auto de fecha 6 de noviembre de 2012», que se levantó a finales del pasado mayo, así como practicar «cuantas gestiones se consideren oportunas para la averiguación de los hechos y la identidad, en su caso, de los presuntos responsables».

En el auto se hace referencia a un oficio de la UCO en el que «se pone de manifiesto que dicha unidad ha continuado profundizando en las investigaciones que se derivaron» del atestado 33/2013. Éste abordaba el grueso de lo que desembocó en la denominada «operación Heracles», en el marco de la cual se detuvo a 22 personas y en la que se investigó el presunto cobro de sobrecomisiones por parte de mediadoras como Vitalia o Uniter, que gestionaron las pólizas de prejubilación ligadas a los ERE. Siete de los arrestados entonces ingresaron en prisión, donde permanecen aún el ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas y los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.

Fuentes del caso señalan que las nuevas diligencias podrían apuntar al papel desempeñado «por los sindicatos» en esa rama. Cabe recordar que el auto con el que la jueza envió a prisión al dueño de Uniter, José González Mata, Alaya hizo constar que éste habría destinado a través de su red de empresas a UGT y CC OO, según datos bancarios y fiscales, 3,2 millones de euros y Vitalia 4,2. A ello habría que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.

De otro lado, en relación a la petición de más información a la Cámara de Cuentas sobre el informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Administración pública entre 2001 y 2011, solicitud que planteó en inicio la Fiscalía Anticorrupción, la Junta ha alegado. Su gabinete jurídico mantiene que, «con carácter general, el Ministerio Fiscal «no motiva la solicitud de prácticas de diligencias».

Una «falta de motivación» que, a juicio de los letrados, dificulta «el trabajo de esta acusación y entendemos que del juzgado», rematan en su escrito.

La representación legal del Ejecutivo autonómico recuerda, asimismo, que «corresponde al Tribunal de Cuentas» determinar la responsabilidad contable derivada del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.