Alaya acuerda indagar «qué conocía» el Parlamento andaluz de los ERE

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado pedir al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado pedir al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda pedir los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda entre el 2001 y el 2010 donde se debatió el presupuesto anual, así como de la sesión plenaria que aprobó los correspondientes presupuestos en el mismo período de tiempo.

También pide certificados de que la Consejería de Hacienda haya remitido al Parlamento "con la periodicidad trimestral que exigen las Leyes de Presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L"desde el 2000 hasta la actualidad.

Esta resolución se produce a petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza IDEA imputado en el caso, quien había alegado que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían "un profundo conocimiento del proyecto de Ley de presupuestos"y poseían "un altísimo nivel técnico".

Alaya acuerda además remitir el escrito de este abogado a los peritos de la Intervención General del Estado que están analizando las ayudas para que informen sobre "qué pudo conocer la Comisión de Economía sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

Según el abogado que pidió estas pruebas, los parlamentarios de la Comisión de Economía disponían además de un personal técnico auxiliar y de un profesional específico del Cuerpo de Letrados de la Junta, especialista en Derecho Presupuestario.

Añade que cada año el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas comparecía ante la citada comisión y exponía su rendición de cuentas anual y los 17 parlamentarios "conocieron o debieron conocer el contenido y finalidades del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo".

Pese a ello, "jamás advirtieron tacha alguna de ilegalidad y, aún menos, de la presunta perpetración de actuaciones delictivas o de menoscabo de fondos públicos".

Cada tres meses, la Comisión parlamentaria "recibía o debía recibir los expedientes físicos de las modificaciones presupuestarias"y, según la documentación remitida por la Junta, el portavoz de cada grupo parlamentario firmaba "de su puño y letra"la recepción de nueve copias en el Grupo Socialista, siete en el del PP y uno en IU, correspondientes a sus miembros en la citada Comisión.

Pero el conocimiento no se limitó a estos 17 parlamentarios "específicos y especializados", sino que los grupos parlamentarios "no son compartimentos estancos", por lo que Alférez cree que "cabe presumir que por parte de una generalidad de los integrantes del Parlamento de Andalucía, ejercicio tras ejercicio, se haya adquirido un cabal conocimiento del programa 31L en toda su enjundia y significación".

Frente a ello, su cliente era un "servidor público"que participó en el programa investigado sin que alertaran contra él la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas ni la Comisión de Economía.