Alaya apunta a Valderas

La juez de los ERE rechaza tomar declaración al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aunque acuerda que la Guardia Civil investigue la solvencia de las ayudas en las que intervinieron.

La investigación de los ERE ha llegado hasta el vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas. La jueza Mercedes Alaya, mediante un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, traslada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el escrito presentado por el letrado de Francisco Javier Guerrero en el que vinculaba a Valderas y a Fernando Rodríguez Villalobos –presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE provincial– con cuatro ayudas del «fondo de reptiles» concedidas durante su época como director general de Trabajo.

Guerrero defiende que él concedía las subvenciones según el «modelo» ideado por sus superiores. No existía procedimiento, ni publicidad ni libre concurrencia. El dinero, por tanto, se otorgaba a dedo. Y esa fórmula era conocida por dirigentes políticos, sindicatos o empresarios. De ahí que algunos presionaran o sugirieran para la concesión de las ayudas del «fondo de reptiles». Aquí se encuadrarían las actuaciones de Valderas y Villalobos denunciadas ante la magistrada y que ahora tendrá que documentar la Guardia Civil.

Según el ex director general de Trabajo, el vicepresidente de la Junta y el presidente de la Diputación de Sevilla intervinieron «muy activamente» en la concesión de cuatro subvenciones. En concreto a las empresas Autologística de Andalucía, S.A., Roda Textil, Centro Limpieza Industrial Huevar y la sociedad pública de la institución supramunicipal Sevilla siglo XXI para la organización de una feria comercial. El abogado de Guerrero solicitaba la declaración de ambos al objeto de que certificaran la «solvencia» de estas actuaciones. La jueza no los cita a declarar pero ordena que se investigue qué gestiones realizaron.

Según la documentación que consta en el Juzgado de Instrucción 6, Autologística de Andalucía recibió una ayuda de 1.150.000 euros y otra de 1.250.000. Roda Textil obtuvo 90.000 euros en 2004. Ambas empresas estaban radicadas en el municipio sevillano de La Roda, del que fue alcalde Rodríguez Villalobos.

Por su parte, Limpieza Industrial Huevar percibió 1.009.368 euros entre 2006 y 2007; a Sevilla siglo XXI le correspondieron 90.000 euros.

Tras conocer las pesquisas ordenadas por la instructora, Valderas aseguró que no recordaba ni a esas empresas ni contactos con Guerrero y lamentó sentirse «injustamente señalado». «No me consta conocer ningún tipo de actividad referida a mis gestiones como coordinador de IULV-CA en este tema. Y una cuestión aún más sorprendente, que yo no era diputado ni miembro del Consejo de Gobierno entre 2004 y 2008», dijo en los pasillos del Parlamento andaluz.

Por otra parte, en ese mismo auto, Alaya reclama a la Junta nuevos informes sobre el uso de las transferencias de financiación en las empresas públicas. Esta manera de trasladar el dinero a entes dependientes de la Administración es la base del sistema que permitió eludir los controles. La jueza pide varios informes en los que «constarían las irregularidades cometidas en el tratamiento contable de las transferencias de financiación». La solicitud responde a una petición de los abogados del PP que mostraron con documentos de otro juzgado –el que instruye el «caso Invercaria», donde también están personados– que el Consejo de Gobierno habría «tenido conocimiento de las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la contabilización de las transferencias de financiación» ya en 2005. Igualmente, la Intervención General deberá acreditar que remitió los informes con sus advertencias al titular de la Consejería de Economía desde 2001, entre ellos José Antonio Griñán.

La magistrada también se queja de la «caótica» documentación remitida por la Junta y ordena que le remita expedientes completos e indexados de varios acuerdos de Consejo de Gobierno.