Alaya cerca a UGT y CC OO y busca en sus cuentas el dinero de los ERE

La juez Alaya deberá elevar el «caso de los ERE» al Tribunal Supremo en los próximos meses. Antes de que eso ocurra, aún quedan muchas pesquisar por concluir. La principal, una vez que la hipótesis de la instructora de que la Junta utilizó un sistema ilegal de concesión de subvenciones ha quedado respaldada por el informe de los interventores del Estado, es seguir el rastro del dinero que salió de manera irregular de las arcas del Gobierno andaluz. Y, sobre todo, quiénes fueron los principales beneficiarios.

En esta última lista, ocupan un lugar destacado los sindicatos. La Guardia Civil identificó en un primer momento que sociedades mercantiles vinculadas a UGT y CC OO –Grupo Atlantis, Temiqui SA, ITG y FQT Asesores– y varias federaciones sindicales cobraron hasta 7,64 millones de euros procedentes de las «sobrecomisiones» que la Junta pagó a las mediadoras. En concreto, las consultoras Uniter y Vitalia les abonaron 3,25 millones 4,29 millones respectivamente. A esta cifra hay que sumar los 104.400 euros que les transfirió) el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís. La cifra no concuerda con las declaraciones tributarias presentadas por esas sociedades. Por ese motivo, la juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, reclama a los sindicatos y sus distintas federaciones vinculadas que informen «a la mayor brevedad posible los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos y cualquier actividad relacionada con su contabilidad, haciendo especial mención en su caso a las cuentas de enlace que mantuvieran con sus respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal». Entre las citadas se encuentran la Federación de Industria de Andalucía de CC OO; la Federación andaluza Agroalimentaria (Feagra) de CC OO; sindicato CC OO de País Vasco; Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT Cádiz; Federación Andaluza del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT; Federación de Industria Andaluza (FIA) de UGT; y sindicato UGT del País Vasco. Desde el País Vasco, la dirección de CC OO confirmó que ya ha recibido el requerimiento y que «colaborará» con la jueza.

La investigación quiere conocer «si las comisiones que se facturaron revertían en las federaciones sindicales que intervenían en la concesión de ayudas públicas. Recuerda Alaya que el dinero venía de la Administración andaluza y que muchos de estos trabajos eran «supuestos servicios» –que llegó a calificar de inexistentes o peregrinos como la toma de datos–.

No es la única decisión relevante de la jueza. También acepta una petición de la Guardia Civil para investigar al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Los agentes de la UCO han detectado «un presunto incremento patrimonial ilícito» de Rivas « pendiente de confirmar y cuantificar, pudiendo haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar».

El ex delegado de Empleo, que está citado este viernes ante Alaya tras tres años imputado, fue condenado por un delito de cohecho en el «caso Mercasevilla» al pedirle una comisión de 900.000 euros a unos empresarios. Antes de esta condena, fue defendido por el ex presidente Griñán –que lo mantuvo en el cargo– y por el PSOE

La Guardia Civil solicita igualmente nuevos datos sobre sociedades vinculadas al conseguidor Juan Lanzas, a través de las que «se canalizaba el dinero que procedía de la Junta y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste». Entre ellas, cita a Canal Baeza y La Loma, empresa adjudicataria de una televisión comarcal durante la época que Gaspar Zarrías ocupó la Consejería de Presidencia. Este departamento, tal y como informó LA RAZÓN, era el encargado de tramitar las licencias de Televisión Digital Terrestre y de las que se benefició la sociedad que ahora investigará la Guardia Civil.

«Aumento patrimonial» de ex alto cargo andaluz

El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha sido señalado por la juez como «el portillo de entrada al dispendio de los ERE». Rivas fue condenado por cohecho por participar en la petición de una mordida de 900.000 euros a unos empresarios dentro de una de las ramas del «caso Mercasevilla», del que surgió posteriormente la «trama de los ERE». En 2010, antes de la condena, el ex presidente Griñán lo mantuvo en el cargo porque los indicios contra él «eran muy débiles»; el PSOE mostró entonces su «estupor» ante la imputación. Ahora la Guardia Civil ha detectado «un presunto incremento patrimonial ilícito» en el ex alto cargo por supuestas comisiones de los ERE. Rivas está citado a declarar el próximo viernes ante la magistrada.

LA RAZÓN desveló que la «chica R» que buscaba la UCO era nuera de Rivas

La Guardia Civil destaca en su oficio de 13 de noviembre de 2013 y entregado en el juzgado el 27 de enero «la vinculación laboral» que la novia de uno de los hijos de Rivas mantuvo con empresas relacionadas con Lanzas. Se refiere a María del Carmen Rodríguez Borrego, «quien habría figurado de alta en el régimen general de la Seguridad Social» en las mercantiles Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, «de las cuales habría percibido un importe total de 21.840,13 euros». En un anterior atestado se refería a ella como la «chica R». LA RAZÓN la identificó el 21 de octubre.