Alaya confirma la fianza civil de 80.000 euros a una exsecretaria de Guerrero

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 80.000 euros impuesta a una exsecretaria del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por la exsecretaria, Rocío Sayago, y recuerda que la imputada "participaba del ejercicio de funciones pública en dicho centro directivo de la Consejería de Empleo".

La juez considera que la imputada "participó en la tramitación y seguimiento de los expedientes de ayudas de dicho órgano gestor, en la confección de resoluciones o de protocolos de colaboración, todo ello como secretaria adjunta, colaboradora de la secretaria"de Guerrero, como era María Angeles Gala.

Asimismo, y siendo "partícipe de la tramitación de tales expedientes, sería conocedora de la ausencia absoluta de procedimiento, carencia de solicitudes por parte de los beneficiarios, de documentación justificativa para la concesión, en la línea de la absoluta discreción y arbitrariedad para la cual no se necesitan conocimientos especiales".

"Dentro de esta actuación al margen de lo normal o adecuado para cualquier ciudadano medio, que para cualquiera constituiría una tramitación burda, estaban los llamados pagos cruzados tan frecuentes en la Dirección General en la época"de la imputada, afirma la juez, que asevera que "tal actuación ajena a la norma se vería refrendada por la ayuda que conseguiría para la empresa de su marido, 60.000 euros para la empresa Coflosur", todo ello "a través de las influencias ejercidas directamente por ella a su jefe", en referencia

a Guerrero.

Además, dice la juez que "no existe precepto procesal que impida que en un mismo auto pueda resolverse sobre las medidas cautelares de varias personas, siempre que se fundamenten las mismas individualizadamente", y en tal sentido "son ya varios los autos confirmados por la Audiencia Provincial que deciden sobre las fianzas que deben prestar diversos imputados".

Recientemente, el Juzgado de Alaya embargó a la imputada una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Los Alcores de Mairena del Aljarafe (Sevilla) para cubrir la fianza civil.

Fue la propia imputada la que designó como bien de su propiedad sobre el que trabar embargo dicha finca urbana, aportando incluso una tasación pericial de la misma acreditativa del valor de la finca, que supera "en todo caso"la fianza civil impuesta por importe de 80.000 euros.

En consecuencia, el Juzgado de Mercedes Alaya declaró a Sayago solvente "por ahora y sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro", dando por concluida la pieza de responsabilidad pecuniaria abierta a tal efecto.