Alaya cree que el pago de comisiones podría superar los 51 millones

La juez Alaya sospecha que los cálculos realizados hasta la fecha sobre las comisiones pagadas por la Junta para cubrir las primas de las pólizas de prejubilación "podría modificarse sustancialmente"según la nueva documentación de la aseguradora Generali.

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sospecha que los cálculos realizados hasta la fecha sobre las posibles comisiones pagadas por la Junta de Andalucía para cubrir las primas de las pólizas de prejubilación «podría modificarse sustancialmente» según la nueva documentación remitida al respecto por la aseguradora Generali. Hasta ahora, se viene hablando de 51,5 millones de euros de «corretaje indebido».

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez ordena a Generali que permita la entrada «voluntaria» en sus dependencias de la Guardia Civil cuando sea «preciso» a fin de recabar «directamente e 'in situ' toda aquella documentación que estime oportuna» relacionada con las pólizas de la Junta. «En caso de oponer reparos, podría cursarse, orden de entrada y registro y deducir testimonio, por desobediencia a la autoridad judicial o en su caso encubrimiento», advierte.

La juez indica que, actualmente, la Guardia Civil se encuentra investigando todas las operativas financieras de movimientos de capital que, «emanando de la Junta, a través de las diferentes aseguradoras y mediadoras partícipes en la formalización de pólizas de seguros, acabaría en un entramado empresarial que estaría recibiendo financiación de manera irregular y cuyos responsables nada tendrían que ver con los beneficiarios legales de las subvenciones públicas». Para ello, expone, la Guardia Civil está analizando la «cuantiosa» documentación correspondiente a las pólizas financiadas por la Junta y suscritas con aseguradoras, informaciones que proceden, entre otras, de Generali, que absorbió a La Estrella y Vitalicio.

La juez Alaya advierte de que «se ha comprobado» que, tras los requerimientos realizados tanto por la Guardia Civil como por los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la información procedente de Generali «no ha coincidido» con la ya adquirida a través de otros organismos como la Junta en relación a los diferentes pagos que ésta realizaba para cubrir las primas de las pólizas. Este hecho «lo puede corroborar esta instructora tras el estudio del atestado presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) el 20 de marzo pasado, lo que ha provocado incluso la dilación en la toma de las declaraciones pendientes de imputados», dice la juez en el auto. Además, indica que «hay que tener en cuenta que la explicación que Generali ha ofrecido sobre las diferencias en los datos económicos tras su contestación en febrero de 2012» en un fichero que «no fue remitido a la Guardia Civil».