Alaya incluye a Zarrías y Moreno en la investigación de los ERE

La jueza Mercedes Alaya ha incluido a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y Mar Moreno dentro de los aforados contra los que ve indicios de delito en el caso de los ERE, cuya investigación remitió ayer al Tribunal Supremo.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, en la exposición razonada enviada ayer al Supremo, de 376 folios, la juez de Sevilla detalla nueve aforados implicados en esta causa: los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como siete exconsejeros.

Hasta el momento, Alaya había "preimputado"a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo, pero la juez ha añadido ahora a los exresponsables del departamento de Presidencia Zarrías y Moreno.

Una vez recibida la exposición razonada, aunque no antes del 1 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo dará traslado del documento al fiscal para que informe sobre la competencia del tribunal y su contenido, como hace con todas las causas que llegan al Supremo de otros juzgados españoles.

Una vez que el fiscal haya informado, la Sala se reunirá y deliberará si comparte los indicios de delito que ve la juez sobre alguno o todos los aforados, y decidirá si asume la parte de la causa de los aforados, varias partes de la misma o toda.

La jueza Alaya no ha remitido al Supremo los 300.000 folios de la causa, sino solo algunas partes en papel y en CD, aunque cabe la posibilidad de que en la exposición razonada atribuya al alto tribunal la investigación de la totalidad del caso, han apuntado las mismas fuentes.

En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias"para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la jueza acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

La jueza ha adelantado en algunos escritos sus indicios contra los aforados pues presuntamente conocieron las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno sobre las irregularidades en los pagos.

Según Alaya, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión "arbitraria"de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio".