Alaya no consentirá «coacciones» al exfuncionario que denunció irregularidades

La juez Mercedes Alaya ha asegurado este miércoles que “no va a consentir ningún tipo de presión o coacción” hacia Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las “graves” irregularidades en la concesión de cursos de formación, y ha asegurado, en relación a las querellas anunciadas por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) y CCOO contra el testigo, que las mismas podrían constituir delitos contra la Administración de Justicia.

Y es que Montes ha acudido este miércoles nuevamente al Juzgado a firmar el acta definitiva de su declaración, que cabe recordar se alargó durante 31 horas divididas en siete jornadas, y ha pedido ampliar su declaración para, en primer lugar, mostrar un artículo publicado por ‘El País’ y titulado ‘Montes validó un curso en el que fue incluida su hija’, tras lo que la juez ha acordado adjuntar a la causa el citado artículo, “en el que se relata, además de lo manifestado por el testigo, que algunas entidades como la entidad Faisem y CCOO han interpuesto o van a interponer querella” contra el denunciante.

En este sentido, la juez ha manifestado que “no va a consentir ningún tipo de presión o coacción hacia” el testigo, “pudiendo constituir los hechos que se relatan en dicho artículo de prensa, en relación a las acciones entabladas o que piensan entablar contra él, delitos contra la Administración de Justicia, que de tener conocimiento este Juzgado deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias”.

Tras ello, el fiscal delegado Anticorrupción ha mostrado su conformidad con lo acordado por la magistrada y ha interesado “expresamente” que se lleve a cabo, mientras que también ha solicitado que se pongan en marcha las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos “con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento”.

«Pésima» programación de los cursos

En su comparecencia, y en relación a la información dada por el citado diario sobre que ‘validó un curso en el que fue incluida su hija’, Teodoro Montes ha pedido a la instructora que solicite a la Junta el expediente relativo al curso ‘Organización, gestión y función de Laboratorio’, de la convocatoria “cree” que de 2007 e impartido por la entidad ‘Laboratorios Torrecilla Fuentes’. Tras ello, la magistrada ha acordado pedir a la Junta el citado expediente.

Seguidamente, el testigo ha querido añadir varias cosas más y ha aludido a una “asignación de cursos a los entes locales que nos dibujarían un plano político de la comunidad y también la referencia a que sea en horario de mañana o tarde”, y ha señalado que “la utilización de inmuebles, lejos de responder al colectivo de desempleados donde hay libre disponibilidad horaria, vendría condicionada por otro uso distinto del interés formativo, condenando ello a realizar una gestión en horario de tarde e inspección a veces difícil de mantener”.

Teodoro Montes ha incidido así en la “pésima” programación de los cursos, ya que “se hacen cursos en horario de tarde sin necesidad” y “si se realizan labores en horas extras, pues se paga doble o tienen más permisos”, por lo que a su juicio los cursos debían hacerse por la mañana, “pero a veces los locales se usan en otras actividades variopintas y hace que sea por la tarde cuando se ubica la formación”.

«Galimatías de irregularidades»

Ha añadido que, “en todo este galimatías de irregularidades expuestas días atrás, alguien debe ser responsable, pero no solamente en lo económico sino también en lo social cara a la propia sociedad de Andalucía”, lo que “nos lleva al día de hoy, en el que la crisis socioeconómica que padecemos contrasta fuertemente con la insensibilidad de las personas, directivos y consejeros del Gobierno andaluz ante el problema social y económico del colectivo de desempleados”.

Al hilo de ello, se ha preguntado si “realmente existen desempleados en la comunidad andaluza” y se ha contestado a sí mismo que “ello parece obvio”, señalando que “lo importante es que el parado cada vez tiene menos expectativas de trabajo”, pues “desde la convocatoria de 2011 no ha vuelto a existir convocatoria alguna que pudiera asistir al triste colectivo de desempleados, obviando la programación 2012, 2013, 2014 y no sabe si incluso la 2015”.

“¿Quién es responsable?”, se ha vuelto a preguntar, señalando que “el responsable es el Gobierno andaluz”, el cual “se nutre de forma ininterrumpida desde que comienza la democracia de personas que derivan del PSOE”. “Luego alguien, Gobierno o partido, debe contestar a la responsabilidad social y económica que padece esta comunidad”, ha apostillado.

El exconsejero Angel Ojeda

El testigo, que ha asegurado que las pequeñas empresas de formación “son vitales para la calidad de la formación, pues generan muchos puestos de trabajo y miman al alumnado”, el funcionario se ha referido nuevamente a las empresas del exconsejero Angel Ojeda y en concreto a Prescal, que cuando nació entre finales de 2007 y finales de 2008 “era una entidad que empezó a tener por primera vez algún curso en aquel año”, pero posteriormente “de la nada pasó al todo, multiplicándose no solamente en Prescal sino en otras entidades complementarias de todo tipo”.

El letrado del exconsejero, Juan Carlos Alférez, le ha preguntado si le consta que antes de 2007 las empresas del entorno de Ojeda “ya eran de la suficiente entidad y capacidad” como para resultar objetivamente tributarias de la totalidad de las acciones formativas a las que dicho entorno de empresas accedió, pero el testigo ha respondido que “no sonaba ni con mucho lo que a día de hoy”.

Ante las preguntas formuladas por el abogado, la juez ha querido dejar claro que el testigo “contesta lo que sabe y conoce”.