Alaya retoma las declaraciones con 42 imputados, dos de ellos ex consejeros

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, retoma el próximo lunes las declaraciones de imputados y lo hará con veinte nuevos acusados y con otros 22 a los que amplió la imputación, entre ellos dos ex consejeros socialistas andaluces, Martín Soler y Antonio Fernández.

Las declaraciones de los 42 imputados por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos están repartidas en cinco días y con quince minutos previstos para cada uno de ellos, según las citaciones emitidas por la juez.

Las tomas de declaraciones empezarán el 22 de septiembre con los exviceconsejeros de Empleo Justo Mañas y Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez.

Ese día están citados el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, así como el exconsejero Martín Soler por unas ayudas distintas.

El día 25 está citado el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, por unas ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de cinco millones de euros a Astilleros de Huelva.

Las nuevas citaciones judiciales se refieren a los ERE aprobados en las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén, en los que intervino como mediadora Vitalia, a cuatro de cuyos directivos también amplía la imputación.

En el ERE de Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa), que afectó a 191 de los 197 trabajadores, la Junta de Andalucía entregó entre 2001 y 2004 un total de 32 millones de euros, aunque la empresa finalmente cerró, según el auto judicial, en el que se añade que en ese expediente se incluyeron ocho intrusos que cobraron entre 30.000 y 61.000 euros.

La juez indica que octubre de 2004 se aprobaron 6 millones para los trabajadores de las empresa, pero tres años más tarde "el compromiso sin lógica alguna era por el doble", 12 millones, y recuerda que la mediadora fue Vitalia.

En los ERE de Samec la Junta aportó 3,6 millones de euros y en el de Primayor 5,1 millones, y en el de esta última empresa, el jefe de personal se incluyó con una mensualidad de 2.400 euros.

Los dirigentes políticos están imputados porque en estos ERE "ni habría solicitud, ni bases reguladoras, ni resolución motivada por órgano competente para su concesión", según la juez.

En ellos, añade la magistrada, "se habría vulnerado indiciariamente el orden competencial constitucional en materia laboral y la normativa comunitaria, y no habría existido, al tramitarse como una transferencia de financiación, los controles previos necesarios por parte de la Intervención".

El exconsejero Martín Soler está también citado el 22 de septiembre pero no por estos ERE, sino porque en su imputación previa no se le incluyó la autorización de pago de una subvención de 450.000 euros para Avantia Ticsa concedida en 2010.

El resto de los imputados, entre ellos otros ex altos cargos de la Junta, está previsto que declaren entre el 23, 25 y 30 de septiembre y el 1 de octubre, siempre con quince minutos para cada uno de los citados.

Hasta ahora, la juez ha imputado a 227 personas en el caso de los ERE y en agosto pasado remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre las personas aforadas, entre las que figuraban los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros andaluces.

En el auto de las nuevas imputaciones, dictado el pasado 4 de septiembre, la juez recordó que será el Supremo el que fijará su propia competencia.

Alaya añadió que mientras no se pronuncie el Supremo, la competencia sobre las diligencias, "cuya instrucción no debe demorarse", corresponde al juzgado que ella dirige.