Alaya retoma las declaraciones de imputados en los ERE, entre ellos una monja

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, retomará mañana las declaraciones de nuevos imputados, en este caso con 35 personas relacionadas con empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas una monja que antes de ingresar en un convento presidió una cooperativa textil.

Las declaraciones de los 35 imputados comenzarán mañana lunes y se prolongarán hasta el viernes 27 de marzo, con siete personas citadas cada día, según un auto de la juez, en el que amplió las acusaciones contra los consejeros Antonio Fernández y Martín Soler y otros cinco ex altos cargos, que han sido citados el 7 de abril.

La monja Carmen Muñoz Rivas, antes de ingresar hace casi tres años en un monasterio de Constantina (Sevilla), fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía.

La juez imputó en febrero pasado a 35 nuevas personas tras analizar una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros.

La mayoría de las ayudas se concedieron ellas a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones, según la juez.

Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.

Entre los nuevos imputados, la juez cita a dos exalcaldes socialistas de la comarca: Carmelo Montero Cabezas (Guadalcanal), cuya almazara recibió un millón de euros, y José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).

En las ampliaciones de imputaciones, la juez incluye al exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz Martín Soler por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo, y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por una ayuda de 108.000 euros que dio Guerrero, con su conocimiento, a Andalucine y Producciones Baratarias.

Además, amplía las imputaciones a Francisco Javier Guerrero, a Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo; a los ex directores generales de IFA/IDEA (empresas públicas que pagaban las ayudas) Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; y al gerente del IFA en Sevilla Enrique Rodríguez Contreras.

En su auto sobre la Sierra Norte, Alaya también se refiere al exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo"de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal.