Alaya: «UGT y CCOO se financiaron ilegalmente durante una década»

Los sindicatos UGT y CC OO, según la juez que instruye el «caso de los ERE», encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» pues habrían impuesto «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial». Por su parte, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, que declararó ayer junto a su esposa María José Marcos como representantes de la empresa Permar 21 acusada de «un delito de blanqueo de capitales», señaló que el papel desempeñado por los sindicatos en la tramitación de los ERE suponía «una auténtica medida de presión».

Albarracín dijo que «Vitalia tenía peor relación con los sindicatos que Uniter y los sindicatos tenían mucha fuerza para que se pagaran las pólizas». El ex directivo de Vitalia señaló que «el pago que se realiza en concepto de comisión es una auténtica medida de presión ya que los sindicatos se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos». Dicho estudio tenía «un coste de un 0,5% para UGT» y «0,5% para CC OO» y «la empresa le exigía» que «la mediadora le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación». «No sólo ocurría en Andalucía, sino en toda España y los que tenían que soportar las comisiones eran las mediadoras», añadió.

La juez que investiga los ERE falsos considera al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, «uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas». En el auto de prisión del empresario, la juez Mercedes Alaya recoge el «enorme enriquecimiento» que experimentó, pues es titular de 32 inmuebles de los cuales 29 los adquirió en el periodo investigado, de 2001 a 2010. El auto indica que el «saqueo de las arcas públicas» se realizó con la «indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía». Entre ellos cita a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el entonces consejero de empleo Antonio Fernández, todos ellos ya imputados.

Las empresas de González Mata destinaron en estos años 3.253.031 euros a UGT y CC OO, mientras que la aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, añadió.

Entre otros, el empresario es acusado de haber participado «activamente» en la inclusión de intrusos en los ERE, entre ellos cinco empleados de una tienda de la localidad onubense de Cerro del Andévalo que fueron incluidos en la póliza de Tharsis pese a que «nunca habían sido mineros».

Además su «decisiva intervención» permitió incluir al exconsejero de la Junta Antonio Fernández en la póliza de la bodega González Byass y por la que podría haber llegado a cobrar 386.181 euros, añadió Alaya.

El auto cita un informe provisional de la dirección general de Seguros según el cual entre los años 2006 a 2011 Uniter percibió 13 millones de euros en comisiones superiores a la media del mercado.

La juez Mercedes Alaya aseguró que, en el expediente de la empresa Delphi, José González Mata se embolsó en concepto de sobrecomisión al menos 6.747.513 euros y en el caso de la Faja Piritica de Huelva, entre septiembre de 2003 y febrero de 2004, el imputado percibió «arbitrariamente» 4.565.047 euros.