Alemania ya tiene 16 GB de vídeos para acreditar la violencia del 1-O

Con esa información se recurrirá la negativa a entregar a Puigdemont por rebelión.

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que investiga a los principales responsables del proceso independentista, ya ha remitido a la Fiscalía alemana la documentación con la que pretende rebatir los argumentos esgrimidos por el Tribunal Regional Superior de Scheleswig-Holstein para negarse a entregar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión. De hecho, según fuentes jurídicas el Ministerio Público cuenta además desde hace unos días con un archivo de 16 GB de capacidad que contiene vídeos del 1-O y del registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre del pasado año, con los que la Fiscalía española pretende acreditar la existencia de episodios de violencia en el «procés». Con toda esa documentación, el fiscal alemán recurrirá la negativa del tribunal de Scheleswig-Holstein, para quien la entrega del ex presidente de la Generalitat «no se contempla» dado que, en su opinión, aunque «la violencia que tuvo lugar el día de las elecciones podría atribuirse» a Puigdemont como «iniciador y promotor» del referéndum ilegal, no se produjo con la intensidad suficiente para «doblegar la voluntad» del Estado y colmar los requisito del delito de alta traición (tipificado en Alemania y equivalente al de rebelión).

El juez Llarena pretende acreditar así los 315 episodios de «violencia y agresión» entre septiembre y noviembre del año pasado que detalla la Guardia Civil en sus informes, desglosados en 193 cortes de carretera o vías férreas y 122 «actos de agresión, daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento» a los agentes.

Los vídeos remitidos a la Fiscalía alemana, fundamentalmente emitidos por televisión, recogen los incidentes frente a la sede de la Conselleria de Economía, donde se concentraron 60.000 personas, algunas de las cuales «pincharon ruedas» y «destrozaron diversos vehículos» policiales, con la «voluntad declarada de impedir la libertad de movimientos» de la comitiva judicial (que no pudo abandonar el edificio hasta varias horas después) y de los agentes, según consta en uno de los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa que instruye el juez Llarena.

Fuentes de la defensa de Puigdemont aseguran que algunos de esos vídeos desmienten esa supuesta violencia, «como uno en el que se ve a Jordi Sánchez pidiendo calma a la gente e instándole a retirarse hacia la Gran Vía». Además, añaden esas mismas fuentes, «en las televisiones alemanas se emitieron imágenes sobre la actuación policial que dejan en mal lugar las tesis del Tribunal Supremo sobre la existencia de violencia» (en referencia a las decenas de denuncias de ciudadanos por lesiones causadas por la intervención policial).

Respecto a la jornada pseudoelectoral del 1-O, la Guardia Civil sostiene que los agentes tuvieron que hacer frente a «grupos muy numerosos de personas, perfectamente organizadas y mostrando una actitud muy violenta», una violencia que califica de «compulsiva acompañada de gritos e insultos», patadas a agentes y «lanzamiento de sillas y piedras» y que contaba con el «apoyo logístico y humano» de la Generalitat.

En la resolución en la que el Tribunal Scheleswig-Holstein cierra la puerta a la entrega de Puigdemont por rebelión, los magistrados alemanes también planteaba dudas sobre la existencia del delito de malversación, por lo que solicitó «información adicional» al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Sala sí descartó que Puigdemont sea perseguido por sus ideas políticas.

La ex Mesa, ante el juez

Por otro lado, los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Joan Josep Nuet, Anna Simó y Lluís Corominas esgrimieron ayer el mismo argumento para intentar desmarcarse de cualquier responsabilidad en la tramitación de iniciativas que vulneraron supuestamente las disposiciones del Tribuna Constitucional (TC) relacionadas con «el procés»: la inviolabilidad parlamentaria. El juez Llarena les notificó uno a uno el auto de procesamiento, en el que les imputa un delito de desobediencia.

Nuet fue el único de los que respondió a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, aunque no a la acción popular que ejerce VOX. En su comparecencia, aseguró que incumplir las decisiones del TC es delito, pero no «debatir» en un Parlamento cuestiones que pueden ser inconstitucionales. Además, esgrimió que aunque votó a favor de que se tramitaran dos de las seis leyes anuladas por el Constitucional, finalmente en el Pleno lo hizo en contra. En su opinión, la querella «adolece de una falta de conocimiento de cuáles son los mecanismo parlamentarios». En las cámaras parlamentarias, explicó, «se debaten ideas políticas» y sólo cuando se convierten en leyes o en resoluciones «pueden ser suspendidas por el Tribunal Constitucional».