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Amenaza de sanción contra los guardias que colocaron el urinario frente al chalet de Iglesias

El director de la Guardia Civil ha advertido de que Interior no quiere molestar a Podemos

La «garita» sin luz ni calefacción que colocó el Instituto Armado para los agentes que vigilan el chalet del líder de Podemos, después de solicitar una
La «garita» sin luz ni calefacción que colocó el Instituto Armado para los agentes que vigilan el chalet del líder de Podemos, después de solicitar unalarazon

El director de la Guardia Civil ha advertido de que Interior no quiere molestar a Podemos.

Por teléfono y en dos ocasiones. El secretario general de UniónGC, Ramón Rodríguez ha recibido hasta dos llamadas de atención por parte del director general de la Guardia Civil, con la advertencia de que será expedientado. Una de ellas por la colocación del urinario público para los agentes que vigilan el chalet del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Según fuentes de Unión GC el día antes de que colocaran el urinario, Rodríguez recibió la llamada del director general de la Guardia Civil, Felix Azón, durante la que, contrariado, les preguntó si de verdad pensaban hacer eso –instalar el urinario– y cómo habían convocado a los medios. Les comentó que Montero les había ofrecido comida a los agentes los últimos días y que había que estar a bien con Podemos no sea que tuvieran que necesitar del apoyo parlamentario de esta formación, según destacan fuentes de UniónGC.

Con el ya conocido como «urinario de Galapagar» la asociación lanzó un aviso al Instituto Armado alertando de la situación «penosa» en la que se encuentran los agentes haciendo las vigilancias en las puertas de la vivienda de Iglesias, algo que consideraron como «un insulto a los compañeros». Y como el compañerismo es una de las virtudes de la Guardia Civil, en un primer momento, dicha asociación alquiló el urinario por un mes, pero visto que desde el Instituto Armado no se atendían las peticiones de los agentes en este tiempo, han contratado un nuevo urinario por «tiempo indefinido» por el que la asociación paga 200 euros mensuales, siendo este más económico que el anterior.

Además, solicitaron también una caseta con luz y calefacción, que les prometieron venía «completa», aunque lo que estaba era completamente vacía y no tenía ni luz ni calefacción. De hecho necesitaba de un generador para calentar el interior de la «garita», pero generaba tal ruido que en el Ayuntamiento de Galapagar se registró la queja de la asociación de vecinos de la urbanización. Y los agentes que vigilan el chalet decidieron no usarla y se procedió a retirar dicho generador. Lo normal es que la caseta suela estar ubicada en el interior de la casa del protegido o colindante a ella, pero aseguran las mismas fuentes que esto no ha sido posible porque los protegidos se han negado a ello.

Otro de los expedientes que la dirección general contemplaba abrir contra Rodríguez es por haber firmado el manifiesto de Dignidad y Justicia en el que se denunciaba la política antiterrorista materializada en los beneficios penitenciarios a terroristas que no han mostrado ningún arrepentimiento y «nunca han colaborado con las autoridades para esclarecer los 379 casos de ETA que continúan impunes». En el texto de DyJ aseguraban que «los asesinos de ETA no pueden ser moneda de cambio para que ningún Gobierno se sostenga» y exigían que Pedro Sánchez cesara en sus «perversiones políticas y vuelva a la senda de la legalidad».

El manifiesto fue firmado por todas las asociaciones de guardias civiles, que matizaron un día después que como agentes de la Benemérita no podían sumarse a un manifiesto en el que se acusa de «total ausencia de escrúpulos y bajeza moral a un Gobierno y todos y cada uno de sus miembros, en especial a los ministros de Justicia e Interior». A esta matización se sumaron todos menos UniónGC desde donde aseguran que todas las asociaciones fueron conminadas a esa matización.

La negativa hizo que al secretario general de UniónGC se le advirtiera de que se le iba a expedientar por «vulneración de neutralidad política» a lo que, según fuentes de dicha asociación, los servicios jurídicos de la dirección general alegaron que «no procedía» llevar a cabo dicho expediente.