Amnistía camuflada y sin control consultivo

En el equipo de Moncloa, encargado de gestionar el pacto de investidura con Carles Puigdemont, preocupa que sean capaces de llegar a un entendimiento en el que la amnistía se presente con otro nombre, disfrazando eufemísticamente el borrón y cuenta nueva sobre el «procés» que demanda el ex presidente de la Generalitat, prófugo de la Justicia. No descartan, además, la posibilidad de tramitarla como una proposición de ley, en lugar de como un proyecto de ley, porque esto les permitiría saltarse el trámite de los informes del Consejo de Estado y demás órganos consultivos. En ese sentido, son conscientes de que tendrán que sortear el informe en contra de los letrados del Congreso, que ya se pronunciaron ante la iniciativa legislativa presentada por los grupos independentistas catalanes en 2021, por considerar que suponía un indulto general expresamente prohibido por la Ley Fundamental.

Los informes de los órganos consultivos conllevan el riesgo de incluir también la misma advertencia a Moncloa de que su posible pacto con Puigdemont es inconstitucional, y, aunque no son vinculantes, les exigirían asumir expresamente el coste de desoír sus recomendaciones. Si se obvian estos filtros, Moncloa confía en que el Tribunal Constitucional (TC), de mayoría progresista, facilite, llegado el caso, dar luz verde al acuerdo con Puigdemont sin demasiado ruido.

Los obstáculos para impulsar esta exigencia de Puigdemont son muchos, pero en el entorno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz son optimistas sobre el resultado del proceso. Obviando, explícitamente, que en la mesa de la negociación Puigdemont también coloca el referéndum de autodeterminación. Al respecto, la idea con la que se trabaja en Madrid es que una vez que se alivie la situación a todas las personas relacionados con los distintos procesos declarados ilegales, Junts aceptará votar a favor de Sánchez y aparcará a un lado el referéndum.

Éste sería un órdago de cara a la galería, según la idea con la que trabajan en la izquierda. La amnistía que exige Puigdemont, y que Moncloa ya ha aceptado que se reconozca como llave para abrir la puerta de la investidura, exigiría, según el planteamiento independentista, pasar página sobre una quincena de causas abiertas al soberanismo en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas y varios juzgados catalanes, entre ellos el de Barcelona. Todas ellas vinculadas a los hechos producidos desde la consulta participativa impulsada por el Gobierno de Artur Mas en octubre de 2014 hasta el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El PSOE ya rechazó esta exigencia en 2021, escudándose en la posición de los letrados del Congreso, pero los resultados de las urnas han movido su posición y el presidente en funciones ha convertido ya en respuesta comodín, cuando se le pregunta por este tema, el lema de que hay que avanzar en el diálogo y que es el Tribunal Constitucional el que decide sobre el ajuste a la Carta Magna de todas las iniciativas legislativas.

En este TC está hoy el que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que defendió los indultos, en contraposición a la amnistía, porque esta última suponía un ejercicio de olvido, que no era aceptable.

Entre los magistrados expertos en Constitucional hay serias dudas sobre la posibilidad de que la oportunidad política, a la que apelan en la izquierda para justificar su «sí» a la amnistía, pueda anular el ejercicio de la potestad jurisdiccional que compete exclusivamente a los tribunales legitimados por las leyes.

El foco político está puesto estas semanas en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero, si se confirma fallida, salvo sorpresa, será entonces cuando toda la atención gire hacia las conversaciones entre Moncloa y Puigdemont, además de hacia las que el PSOE necesita mantener con el resto de partidos que deben entrar en la ecuación.

Moncloa querría avanzar en esa negociación mientras se mira a Feijóo para poner sordina a las discusiones y a los órdagos de sus socios. Pero también en esto los intereses son opuestos a los de Puigdemont, que tiene más interés en concentrar toda la atención sobre sus escaños en la Cámara Baja y sobre su poder a la hora de decidir si Sánchez sigue o no al frente del Ejecutivo.

ERC ha entrado en el baile y reclama su parte de protagonismo en las nuevas cesiones que el independentismo espera conseguir ahora de Sánchez. Los de ERC se reivindican como precursores en la ley del perdón y observan también con recelo los movimientos de Sumar y de Yolanda Díaz para liderar la negociación.

Desde Madrid quitan relevancia a estos celos y pulsos internos porque se impone la convicción de que a todas las partes implicadas en la investidura de Sánchez les interesa más que ésta salga adelante que ir a unas nuevas elecciones generales.

«Solo habrá repetición electoral si Junts considera que puede sacar algún beneficio en las urnas con respecto a ERC, y en unos meses es difícil que puedan concluir que están en condiciones de arriesgarse», confían en el lado socialista.