La amnistía llega a su trámite final con tres informes de letrados del Congreso y Senado en contra

El recorrido parlamentario de la amnistía llega ya prácticamente a su fin: esta misma semana está previsto que culmine la fase de Ponencia en el Senado y el 14 de mayo quedaría elevada a Pleno para que sea votada. Luego ya solo quedaría pendiente de una votación en el Congreso a finales de mayo. La ley ha estado rodeada de polémica desde que entró en noviembre en el Congreso y no es para menos dado que tres de los cuatro informes que han elaborado los letrados a lo largo de toda su tramitación en las Cortes (Congreso y Senado) han declarado su inconstitucionalidad: el último de ellos ha sido firmado por los servicios jurídicos de la Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia.

El informe del letrado de 60 páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala que para la aprobación de la amnistía sería necesario una reforma de la Constitución. En este sentido, concluye que hay elementos que «permiten fundadamente sostener que el silencio de la Constitución acerca de la amnistía debe interpretarse en el sentido de haber quedado dicha figura vedada al ámbito de disposición del poder público, incluido el legislador». Es más, el letrado habla del «capital principio de unidad de la Constitución, que remite en definitiva a la necesaria coherencia de todos sus contenidos, a la luz de la fundamental proclamación recogida en el primer apartado de su artículo 1».

Además de que rechaza el encaje constitucional, el letrado también cree que la amnistía causa «distintas infracciones que afectarían a principios y derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los tratados de la Unión Europea y a obligaciones impuestas por el Derecho» europeo. En este sentido, queda recogido vulneraciones del principio de legalidad en materia penal y del principio de seguridad jurídica; del principio de igualdad y derecho fundamental a la misma; del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; del derecho a la tutela judicial efectiva; del derecho a la defensa; y, de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea en materia de terrorismo y de protección de los intereses financieros de la Unión.

Además de considerar que la amnistía es inconstitucional, el letrado que firma el informe abre la puerta a que los propios jueces que tengan que aplicarla dejen sin efecto el levantamiento de las medidas cautelares en caso de que presenten una cuestión prejudicial (recurso) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es, de hecho, una cuestión clave porque los independentistas cuentan con que los jueces permitirán la vuelta de Carles Puigdemont pese a que presenten recursos ante Europa o el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la interpretación que hace el letrado abre la puerta a contradecir ese escenario: «En caso de planteamiento por cualquier órgano judicial, con ocasión de la aplicación de la ley de amnistía, de una cuestión prejudicial, el efecto suspensivo de la presentación de la cuestión prejudicial, además de afectar al proceso penal principal y al propio procedimiento de aplicación de la amnistía, podría enervar el mandato legal de inmediato alzamiento de las medidas cautelares».

Este es el tercero de los cuatro informes que han elaborado los letrados de las Cortes en contra de la amnistía. Tan solo ha habido uno que se ha abstenido de este posicionamiento: el primero de todos, liderado por el secretario general Fernando Galindo, aunque evitó entrar en el fondo de la cuestión y se limitó a decir que la ley no contradecía la Constitución de «forma palmaria y evidente». Es decir, dejó la decisión final en manos del Tribunal Constitucional y abogó por permitir la tramitación de la ley. Además de tres informes de los letrados en contra, han desfilado por el Senado hasta 16 juristas y la gran mayoría han rechazado que la amnistía tenga encaje constitucional.

Si nada cambia, la amnistía terminará aprobándose en el Congreso a finales de mayo y se aplicará entre junio y julio (hay dos meses de margen, según la propia ley).