Andalucía, a la cabeza en el reparto de 3 millones para exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura

Las comunidades autónomas contarán este año con tres millones de euros para llevar a cabo exhumaciones en sus territorios, según ha decidido el Consejo Territorial de Memoria Democrática, en la búsqueda de los 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil en todo el país. El plan es que, en tres años y medio, no queden cadáveres de víctimas en fosas comunes, según el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Del dinero ahora asignado, la mayor parte, 615.967 euros, será para Andalucía, donde se encuentra la fosa Monumento –en el cementerio de San Fernando de Sevilla–, una de las más grandes de Andalucía y de toda España. En Pico Reja se han podido recuperar más de 1.700 cuerpos.

Le sigue Cataluña, con 385.398 euros, donde el Gobierno de la Generalitat prevé que hay 671 fosas pendientes de examinar, la mayoría en la zona del Ebro, territorio de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil.

En total, se ha intervenido en menos de un 10% de estas localizaciones en 25 años.

En tercer lugar se encuentra Castilla-La Mancha, territorio de retaguardia republicana durante el conflicto donde no es menos importante el rastreo en fosas, cunetas y pozos y una de las zonas en las que queda más tarea por hacer. Recibirá 300.218 euros.

Le sigue de cerca la Comunidad Valenciana, con 297.957 euros, donde está pendiente la intervención arqueológica en busca de las más de 25.000 víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista a lo largo del Frente del Levante, muchos de ellos en los cementerios civiles de Castellón de La Plana y Paterna (Valencia).

A continuación figuran Castilla y León (196.211 euros); Extremadura (186.379); Asturias (152.179); Aragón (130.712); Baleares (120.179); Navarra (114.912); Galicia (78.139); País Vasco (71.796); Murcia (45.570), Madrid (51.541) y Canarias (35.608).

A estas cantidades se sumarán en todos los casos las partidas que recibe la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los proyectos de grandes fosas y los fondos que también tienen los consells, las diputaciones y los cabildos para, asimismo, realizar exhumaciones.

Los criterios de distribución territorial se han llevado a cabo tras una reunión sectorial previa, con los directores y directoras generales autonómicos, y teniendo en cuenta los remanentes, es decir, los fondos no utilizados en 2024, por lo que la cifra final queda en 2.782.773 euros. Las ayudas se aprobaron con el voto a favor de 14 comunidades y la abstención de Madrid, Murcia y Valencia.

Cantabria y La Rioja no reciben nada puesto que no se han gastado las cantidades del año pasado, algo que sucede también en las dos ciudades autónomas.

En la reunión participó el forense Francisco Etxeberria, coordinador del equipo que trabaja en el Valle de Cuelgamuros, que dio explicaciones sobre lo que es el ADN y las comprobaciones y laboratorios que hay homologados en el conjunto del país para llevar a cabo las identificaciones de los restos que se van encontrando.

La cita acabó con una presentación del trabajo que se hace en las entrañas del Valle de los Caídos, una labor «excepcional» por parte de los forenses, los antropólogos y las personas expertas que está permitiendo descubrir y «entregar a los familiares los restos de muchas de las víctimas», destacó el ministro Ángel Víctor Torres.

«Hasta la fecha hay más de 200 peticiones y van en aumento», explicó el titular de Memoria Democrática, quien recordó que el paso de las décadas ha deteriorado las cajas que se encuentran en las criptas del conjunto monumental, y también que hay cada vez menos personas vivas con las que se pueda confrontar el ADN de los restos que hay en su interior.

Según ha sabido este diario, los encargados de esta labor no están trabajando desde hace semanas en los osarios, sino dedicados a tareas administrativas.

El Gobierno espera realizar nuevas exhumaciones y confía poder avanzar en las capillas –más allá de la cripta del Santo Sepulcro, donde todo empezó en junio de 2023– tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo autoriza. Desde la abadía se ha advertido de que «mientras no terminen donde están no pueden ir a la Capilla del Santísimo», adyacente a la sacristía, y cuya ocupación entorpecería la labor en los oficios religiosos.