Anticorrupción acusa a Koldo García de cobrar por coordinar los contactos entre Soluciones de Gestión y Transportes

La querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción señala a Koldo García como el conseguidor y figura clave que coordinó la información que llevó al Ministerio de Transporte en pandemia a contratar a la empresa Soluciones de Gestión a cambio de dinero. El Ministerio Público vio indicios de que la preselección de la sociedad para obtener más contratos para proveer mascarillas partió de la cartera de Transportes, concretamente del primer contrato adjudicado por Puertos del Estado. La querella destaca que el plazo de tiempo entre la publicación de las dos órdenes de la cartera de Transportes y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF “fue prácticamente inexistente” y se produjo el mismo día.

“Este extremo parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en SOLUCIONES DE GESTIÓN y la Administración Pública que también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual”, sostiene el texto de la querella. En él se señala a Koldo García como la persona que pudo proporcionar esa información y que, además, protagonizó un "incremento patrimonial notable" tras estas operaciones.

La querella por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias se presentó contra el exasesor de José Luis Ábalos, además de su amigo, Víctor de Aldama Delgado. También imputa a Juan Carlos Cueto Martín, Íñigo Rotaeche Lachiondo, José Luis Rodríguez García, Patricia Uriz Iriarte, su mujer, y Joseba García Izaguirre, hermano de, exasesor de Ábalos.

García es un exasesor del exministro de Transportes y actual diputado socialista José Luis Ábalos. Sus funciones de asesoramiento las desarrolló entre el 13 de junio de 2018 y el 11 de julio de 2021. Y el contacto entre García y la mercantil Soluciones de Gestión la habría realizado su íntimo amigo, Víctor Aldama.

Además, hay indicios de negociaciones previas con otras sociedades para adquirir el material, antes incluso de que se adjudicara el primer contrato y también cuando aún no se habían cerrado los siguientes, hubo contactos con otras mercantiles para hacerse con más material sanitario.

La Fiscalía pone el foco en el contrato adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado para el suministro de mascarillas por importe de 20 millones de euros, así como el adjudicado por ADIF, por un total de 12,5 millones de euros. En ambos casos, se trataba de entidades empresariales dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya titularidad ostentaba José Luis Ábalos. La adjudicación del segundo contrato habría estado vinculado con la concesión del primero de ellos.

También se investiga el contrato adjudicado el 20 de abril de 2020 por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para adquirir material de protección para el personal que trabaja en este organismo. El importe era de casi 3,5 millones de euros. En este caso, la vinculación de la mercantil como proveedora de la cartera de Transportes también habría tenido peso.

Sin embargo, en la documentación incautada no queda claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del resto de contratos ni se aportaron comunicaciones entre quienes contrataron y la empresa “que pudieran justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas”.

Beneficios para todos

La querella, que firma el fiscal Luis Pastor, confirma que se basa en la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. En el texto se indica que la mercantil pasó en 2019 de tener una cifra de negocios de cero euros a 53,13 millones de euros el año siguiente. Todo ello gracias a las adjudicaciones directas de contratos públicos mediante el procedimiento de urgencia y sin publicidad. Ese año, sus ingresos superaron los 54 millones de euros, mientras que al año siguiente, en 2021, apenas superaron los 845.000 euros.

La sociedad era propiedad de Íñigo Rotaeche, uno de los imputados, pero estaba controlada por el grupo Cueto, que contaba con al menos siete sociedades y que era parte de la familia Cueto, pero a partir de 2018 se vinculó a la mercantil Víctor de Aldama, el amigo de Koldo García.

Según la querella, fechada en septiembre de 2023, Aldama habría utilizado dos sociedades, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL para recibir pagos de Soluciones de Gestión equivalentes al 13% de los fondos públicos. El Grupo Cueto habría obtenido un beneficio de en torno al 32% de los fondos gestionados, mientras que Soluciones de Gestión habría registrado un beneficio cercano al 35% de los fondos.Aldama habría aprovechado la capacidad de Soluciones de Gestión una vez que conoció las necesidades del Ministerio de Transportes para poder acometer la operación de venta de mascarillas.

Rotaeche y Cueto habrían participado en algunos momentos en la ejecución de los contratos. Posteriormente, el Grupo Cueto y Aldama habrían mantenido su relación societaria para invertir en sociedades relacionadas con el negocio de las pizarras.

Por otra parte. Patricia Uriz, pareja de Koldo García, es la titular única de gran parte de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con los ingresos del exasesor de José Luis Ábalos. Entre los dos, habrían ingresado casi 1,5 millones de euros en sus cuentas entre 2017 y 2022. De ese importe, 350.000 euros fueron en ingresos en efectivo, que se incrementaron sustancialmente a partir de 2020. A su vez, las disposiciones de efectivo desde sus cuentas disminuyeron considerablemente. Y a ello se suma que García habría intentado ocultar parte de su patrimonio a través de su mujer, su hija y su hermano, Joseba García.

Los seguimientos y escuchas realizados en el marco de esta investigación constatan que la relación entre Koldo García y los otros empresarios y cargos investigados va más allá de la ejecución de los contratos. Cueto, Rotaeche y José Luis Rodríguez habrían comprado algunas fincas rústicas con parte de los ingresos por los contratos de las mascarillas.

Riesgos de la contratación de urgencia

Según la querella, los procedimientos de contratación pública “no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y Covid-19".

El texto también deja constancia de los riesgos de esta modalidad de contratación. “Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”. Y recuerda que en abril de 2020, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señaló la corrupción en el sistema de contratación pública entre las tipologías delictivas que se podrían producir durante la pandemia.