Anticorrupción denuncia a la juez de los ERE por “desatención” y “retraso injustificado”

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial a la juez María Ángeles Núñez Bolaños, instructora varias piezas del «caso de los ERE».

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha denunciado ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez María Ángeles Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla e instructora de varias piezas separadas del «caso de los ERE», por lo que considera «desatención y retraso injustificado» en la tramitación y resolución tanto de estas investigaciones como en la instrucción de los casos «Avales» (que archivó en contra del criterio del Ministerio Público) e «Idea». Un comportamiento que ocasiona –se queja en el escrito remitido al órgano de gobierno de los jueces– un «evidente perjuicio» a los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia.

El responsable de la Fiscalía especializada considera que la magistrada ha incurrido en una falta muy grave o grave dado que «por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos».

La denuncia firmada por Luzón es el corolario a cuatro años de desencuentros entre la Fiscalía que dirige y la juez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya como instructora del «caso de los ERE», que sentó en el banquillo a los ex presidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La propia Alaya ya alertó al CGPJ de que la independencia de su sustituta estaba en entredicho por su amistad con el entonces consejero de Justicia Emilio Llera. Bolaños archivó en 2016, entonces sí con el apoyo de la Fiscalía, la causa abierta contra 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por supuestas irregularidades en las subvenciones por cursos de formación.