Anticorrupción pide enviar al banquillo a Pérez Dolset por fraude de subvenciones y blanqueo con la quiebra de Zed

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que ponga punto y final a ocho años de instrucción por la caída de la tecnológica Zed y envíe al banquillo a quien fuera su administrador, el empresario Javier Pérez Dolset. El Ministerio Público expone que en estos años de instrucción se han recabado indicios para juzgar a 14 personas físicas y 17 jurídicas por los delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN desgrana toda una serie de "maniobras ilícitas" con las que los investigados habrían tratado de vaciar el patrimonio de Zed WorldWide en su propio beneficio y de falsedad la adjudicación de subvenciones y préstamos a diversas Administraciones. Sobre esta última cuestión se apunta a un fraude que superaría los 30 millones de euros.

"Entre las manipulaciones económicas dirigidas por D. Javier Pérez Dolset, secundado por su círculo familiar y profesional, se ha constatado un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución", expone Anticorrupción en su denso escrito. Al respecto añade que la tecnológica fundada en 1996 solicitó las ayudas públicas "con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos ni de las subvenciones".

Desvío de fondos a través de empresas pantalla

El escrito se presenta tras años de pesquisas en el marco de las cuáles el que fuera magistrado instructor, Manuel García Castellón, llegó a imputar a Mijail Fridman por la caída de la tecnológica. En ese sentido, Pérez Dolset denunció que el magnate ucraniano maniobró en connivencia con los socios rusos de la tecnológica para provocar su asfixia económica. No obstante, y tras interrogarle en sede judicial, el magistrado archivó su causa.

Con todo, la Fiscalía mantiene el foco en Pérez Dolset, quien fue detenido por estos hechos en julio de 2017, tras el estallido de la operación Hanta. De él dice que encabezó el grupo de personas contra las que ahora se actúa para desviar fondos de Zed WorldWide contribuyendo así a la caída de la empresa. "Crearon un entramado societario ajeno al ‘Grupo ZED’, destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados la insolvencia, con lo que se provocó la situación de insolvencia económica de ‘Zed WorldWide", sostiene Anticorrupción.

La administración concursal de ‘ZED’ cuantificó una deuda pendiente de pago con las Administraciones Públicas por 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas. b) Las sociedades objeto de investigación obtuvieron 48.839.200 euros de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre los años 2011 y 2015.

Fraude masivo de subvenciones

El escrito identifica una serie de empresas que según el Ministerio Público se crearon para desviar el capital de Zed WorldWide y a cuyo frente se situaron familiares de Pérez Dolset. Según explica, con este "mecanismo de detracción", los investigados se apropiaron de 23,5 millones de euros, aunque la cifra se vio incrementada con 14 millones que se distrajeron a través de la falsificación de facturas.

Grupo ZED Worldwide se constituyó el 27 de noviembre de 1996 y, 20 años después, se declaró en concurso de acreedores. En paralelo se crearon sociedades tales como 'Blue Kite 25', que giraron facturas a la tecnológica presuntamente para vaciar su capital. En ese sentido, destaca la mercantil 'Panareal' (de la que era dueño Pérez Dolset) que se creó en Panamá para desviar los fondos a través de contratos suscritos con empresas superpuestas. Se trata de movimientos que se produjeron un año antes que Zed WorldWide se declarara en concurso.

En ese sentido han sido determinantes la comisión rogatoria librada a Panamá, un informe policial de 2019 relativo a las entradas y registros efectuados en 2017 y, también, las anotaciones incautadas a Pérez Dolset con motivo de su detención.

49 millones de fondos públicos

En relación con el fraude de subvenciones, Anticorrupción explica que se propició un sistema de fraude masivo de ayudas públicas y de préstamos, falseando para ello los requisitos necesarios para obtener dichas ayudas. "Con este fin, las mercantiles se dotaron de personas que expresamente se encargaban de vestir tecnológicamente los proyectos para que encajasen en la convocatoria publicada en el BOE, así como de realizar las actuaciones necesarias para preparar las memorias justificativas que se remitían a las Administraciones Públicas", reza el fiscal.

Además, incide en que todas ellas actuaron siguiendo las órdenes de Pérez Dolset y a sabiendas de que no devolverían ni los préstamos ni las subvenciones obtenidas. En total, las sociedades investigadas en esta causa de corrupción obtuvieron 48,8 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre los años 2011 y 2015.

Pérez Dolset, por su parte, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una caza de brujas policial. En las últimas semanas ha vuelto a cobrar relevancia mediática tras conocerse que, junto con la "fontanera" del PSOE Leire Díez, buscaron información sensible del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, Antonio Balas, y de jueces y fiscales encargados de procedimientos sensibles que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Entre los afectados por esta operación se encuentra el fiscal de este caso, José Grinda, a quien Díez habría intentado extorsionar tratando de recabar información negativa sobre él.